La Corte Suprema mantiene en su cargo al ministro Antonio Ulloa Márquez: un fallo que expone tensiones internas y cuestionamientos al Poder Judicial
Un pulso en la cima del Poder Judicial
El 30 de septiembre de 2025, la Corte Suprema rechazó la remoción del ministro Antonio Ulloa Márquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras no alcanzar el quórum necesario para destituirlo. Este desenlace no solo pone en evidencia las fisuras internas del máximo tribunal, sino que también reabre el debate sobre el equilibrio entre la autonomía judicial y la rendición de cuentas.
La votación fue ajustada: siete ministros apoyaron la remoción, mientras que seis se opusieron, lo que impidió alcanzar la mayoría requerida por el artículo 80 de la Constitución. La decisión se basó en la revisión de un procedimiento disciplinario que, aunque confirmó sanciones menores, no logró convencer a la mayoría para destituir al magistrado.
Perspectivas enfrentadas: independencia versus control
Desde la mirada conservadora y de sectores que abogan por una justicia más rigurosa, la negativa a remover a Ulloa Márquez es vista como un fallo que podría debilitar la confianza ciudadana en la justicia. El abogado constitucionalista Enrique Valdés señaló que “la Corte Suprema debe ser ejemplar en la aplicación de sanciones para preservar la integridad del sistema judicial”.
Por otro lado, voces críticas con la politización de la justicia interpretan esta resolución como un resguardo necesario para proteger a los jueces de presiones políticas y evitar remociones que puedan interpretarse como persecuciones. La académica en derecho constitucional, María Fernanda Rojas, afirmó que “la independencia judicial requiere que no se remueva a un juez sin un consenso claro y pruebas contundentes, para evitar un efecto inhibidor en la función jurisdiccional”.
Repercusiones regionales y ciudadanas
En la Región Metropolitana, donde la Corte de Apelaciones de Santiago tiene mayor incidencia, la noticia generó un debate público sobre la transparencia y la ética en la judicatura. Organizaciones de la sociedad civil han pedido mayor claridad en los procesos disciplinarios y una revisión profunda del sistema de control interno.
En provincias, la discusión ha sido más distante, aunque algunos sectores judiciales advierten que la falta de consenso en la Corte Suprema podría generar incertidumbre en tribunales inferiores.
Contexto y consecuencias visibles
Este episodio se inscribe en un contexto donde la confianza en las instituciones judiciales ha mostrado fluctuaciones en las encuestas nacionales, en medio de críticas por sentencias polémicas y cuestionamientos a la gestión interna.
El procedimiento contra Ulloa Márquez se inició el 2 de septiembre de 2025, tras un proceso disciplinario que concluyó con una suspensión de dos meses y medio con medio goce de sueldo, medida que fue ratificada por la Corte Suprema. Sin embargo, la gravedad del caso y la división en el tribunal reflejan una tensión latente sobre cómo aplicar sanciones proporcionales sin comprometer la autonomía judicial.
¿Qué se puede concluir?
La negativa a remover al ministro Antonio Ulloa Márquez no cierra el debate, sino que lo profundiza. Por un lado, reafirma que la Corte Suprema actúa con criterios estrictos para preservar la independencia judicial, evitando remociones precipitadas. Por otro, pone en evidencia la necesidad de mecanismos más claros y transparentes para evaluar el comportamiento de los jueces, que permitan fortalecer la legitimidad del Poder Judicial ante la ciudadanía.
Este episodio es un recordatorio de que la justicia no solo se juega en las sentencias, sino también en la gestión interna y en la manera en que sus instituciones enfrentan sus propias crisis. La Corte Suprema, como guardiana última del sistema, está en el centro de un desafío que trasciende a Ulloa Márquez y que convoca a una reflexión profunda sobre el equilibrio entre autonomía, responsabilidad y confianza pública.