Acusación constitucional contra el juez Ulloa: ¿Crisis o ajuste en la justicia chilena?
En las últimas semanas, la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, ha escalado desde un proceso disciplinario interno hasta convertirse en un verdadero campo de batalla político y judicial. El libelo, ingresado el 7 de octubre de 2025 por un grupo de diputados oficialistas encabezados por los socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, acusa a Ulloa de "notable abandono de deberes" en el marco del llamado "caso Audio".
El núcleo de la acusación se sostiene en tres pilares: la filtración de información reservada a un abogado imputado, la participación en causas judiciales con claros conflictos de interés y la intervención indebida en procesos de nombramientos judiciales. Entre los hechos más graves se destacan chats entre Ulloa y Luis Hermosilla, donde se revelan detalles que comprometen la imparcialidad y la independencia del magistrado.
Un choque de perspectivas dentro del socialismo
El proceso ha abierto una brecha insoslayable dentro de la bancada socialista. El senador José Espinoza, en un áspero cruce con el diputado Manouchehri, calificó la acusación como una maniobra política destinada a obtener "30 segundos de televisión" y amenazó con "sacar los ojos a sus amigos" por buscar protagonismo. Esta disputa pública no solo refleja tensiones internas, sino que también pone en evidencia la dificultad de mantener una postura unificada frente a un caso que desborda lo jurídico y se adentra en el terreno político.
Por otro lado, voces como la de la diputada Daniella Cicardini insisten en que la acusación es un paso necesario para preservar la integridad del sistema judicial y evitar la impunidad. "No hay espacio para la impunidad sin importar el cargo ni el color político", afirmó en un llamado al Senado para aprobar la acusación.
La justicia bajo la lupa: independencia en entredicho
Más allá de las disputas partidarias, el caso Ulloa ha reavivado el debate sobre la independencia judicial en Chile. La Corte Suprema decidió mantener a Ulloa en su cargo tras un proceso disciplinario, decisión que fue duramente cuestionada por los parlamentarios que presentaron la acusación. Para muchos expertos y actores sociales, esta resolución evidencia grietas en el sistema de control interno del Poder Judicial y la necesidad de mecanismos más transparentes y efectivos.
Desde la sociedad civil, diversas organizaciones han expresado preocupación por el impacto que estos hechos tienen en la confianza ciudadana. Según un estudio reciente del Centro de Estudios Judiciales, la percepción de corrupción en la justicia aumentó un 15% en el último año, en gran parte por casos como el de Ulloa.
Consecuencias y escenarios futuros
La acusación constitucional contra Ulloa no es un episodio aislado, sino que se inscribe en un contexto de creciente exigencia ciudadana por la transparencia y la rendición de cuentas en todos los poderes del Estado. El desenlace de este proceso tendrá implicancias profundas:
- Si el Senado aprueba la acusación, se marcará un precedente inédito en la fiscalización judicial, abriendo la puerta a reformas que podrían redefinir la estructura y los controles en el Poder Judicial.
- Si se rechaza, la sensación de impunidad podría profundizar la desconfianza y alimentar movimientos sociales y políticos que demandan cambios más radicales.
En definitiva, el caso Ulloa ha puesto en el centro del escenario la fragilidad y las tensiones de un sistema judicial que busca equilibrar autonomía con responsabilidad. Los protagonistas —desde el acusado hasta los acusadores y sus aliados— se enfrentan en un duelo que trasciende las personas y pone a prueba la salud democrática del país.
Como espectadores, queda la invitación a mirar más allá del ruido político inmediato y analizar con distancia la evolución de esta historia, sus contradicciones y sus lecciones para el futuro de Chile.