
El 7 de octubre de 2025, el Partido Socialista (PS) presentó una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por notable abandono de deberes, faltas a la probidad y violación de secreto, además de su vinculación con Luis Hermosilla, figura central en el caso Audios. Esta acción no solo reactivó el debate sobre la integridad del Poder Judicial, sino que también puso en evidencia una fractura significativa dentro de la oposición política.
El detonante fue la filtración y análisis de mensajes entre Ulloa y Hermosilla, vinculados a una red que habría intentado influir en al menos 14 nombramientos judiciales y fiscales. Un sumario interno de la Corte Suprema confirmó la existencia de coordinaciones irregulares, pero el Pleno no alcanzó los votos para destituir a Ulloa, quedando en un empate de siete votos a favor y siete en contra. Este resultado dejó en el aire la percepción pública sobre la capacidad de la justicia para auto-regularse y depurarse.
"La justicia no puede estar capturada por redes ni por los poderosos. Chile merece tribunales justos y confiables", afirmó Daniel Manouchehri (PS), uno de los impulsores de la acusación, subrayando la necesidad de limpiar el sistema judicial.
El oficialismo, con el PS a la cabeza y buscando el apoyo del Frente Amplio y la Democracia Cristiana (DC), sostiene que la acusación es un paso necesario para enfrentar las "redes oscuras" que han socavado la confianza en la justicia. La bancada DC mostró división interna, con algunos diputados reconociendo la solidez de las pruebas, mientras otros dudan sobre la conveniencia política de avanzar en la acusación.
En contraste, la oposición —particularmente Renovación Nacional (RN)— exhibe escepticismo y falta de consenso. El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, declaró que no existe un interés claro en promover la acusación y que no ha habido conversaciones internas al respecto. Sin embargo, voces al interior del partido llaman a evaluar el libelo en su mérito, lo que refleja una tensión entre cálculo político y valoración jurídica.
Evópoli, por su parte, anticipa un análisis cuidadoso, sin adelantar posturas, evidenciando la complejidad del escenario y el impacto que esta disputa puede tener en las próximas elecciones y en la confianza ciudadana.
Más allá del Congreso, la ciudadanía observa con atención cómo se dirime esta batalla entre poderes. Organizaciones sociales y expertos en justicia han manifestado preocupación por la persistencia de prácticas clientelares y la falta de transparencia en los procesos judiciales, que erosionan el Estado de Derecho.
El caso Ulloa se suma a una serie de episodios recientes que han puesto en jaque la credibilidad del sistema, como la destitución del juez Sergio Muñoz y la acusación contra la exministra Ángela Vivanco, evidenciando un patrón de cuestionamientos a la independencia y probidad institucional.
Tras más de un mes desde la presentación formal del libelo, se confirma que la acusación constitucional contra Ulloa ha desnudado las tensiones entre la autonomía judicial y la intervención política. La división en la oposición refleja no solo diferencias ideológicas, sino también un debate profundo sobre los límites y mecanismos para garantizar la justicia en Chile.
Este episodio ha dejado claro que las "redes oscuras" no son un mero relato político, sino un fenómeno con evidencias concretas que requieren respuestas institucionales contundentes. Sin embargo, la forma y el momento para enfrentar estas problemáticas siguen siendo objeto de disputa.
En definitiva, el caso Ulloa es una tragedia colectiva que pone en escena a los protagonistas del sistema judicial y político en un duelo que trasciende personalismos: es una lucha por la confianza pública y la legitimidad del Estado de Derecho en Chile. Para los ciudadanos reflexivos, académicos y profesionales, la invitación es a observar este proceso con distancia crítica, entendiendo que la justicia es un bien frágil que demanda vigilancia constante y pluralidad de voces para su fortalecimiento.
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Fuentes: El Mostrador (7 de octubre de 2025), análisis de sumarios judiciales, declaraciones parlamentarias y reportes de organizaciones sociales.