Acusación constitucional a juez Ulloa y crecimiento económico: un choque entre justicia y expectativas económicas
Un juez en la mira, un país que crece y un sistema cuestionado. El 7 de octubre de 2025 marcó un hito que aún reverbera en los pasillos del poder y la opinión pública chilena. Diputados oficialistas presentaron una acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago, por presuntas irregularidades que involucran coordinación fuera de norma con el abogado Luis Hermosilla. La Corte Suprema, sin embargo, decidió no removerlo de su cargo, decisión que abrió un debate profundo sobre la independencia judicial y la transparencia en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Desde la perspectiva de los parlamentarios que impulsaron la acusación, liderados por el diputado Daniel Manouchehri (PS), "se tejía una verdadera red de impunidad en el Poder Judicial". Se acusa a Ulloa de vulnerar principios básicos como la imparcialidad y la probidad, al compartir información reservada y no inhabilitarse en casos vinculados a sus allegados. Esta postura denuncia un abandono grave de deberes que, a ojos de sus críticos, erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Por otro lado, la Corte Suprema y sectores que defienden la actuación del magistrado enfatizan la necesidad de respetar los procesos internos y la presunción de inocencia, argumentando que la acusación podría responder a intereses políticos que buscan presionar a la justicia. Este contrapunto revela una tensión clásica entre la búsqueda de rendición de cuentas y la autonomía judicial.
En paralelo, la economía chilena muestra señales positivas. El Banco Mundial mejoró su proyección de crecimiento para Chile en 2025, elevándola a un 2,6%, superando incluso las expectativas oficiales. Este aumento se atribuye a un fortalecimiento del consumo privado y el dinamismo de las exportaciones mineras, pilares tradicionales de la economía nacional.
Sin embargo, este crecimiento económico no se vive en un vacío. El país enfrenta desafíos sociales y políticos complejos, evidenciados no solo en el cuestionamiento al Poder Judicial, sino también en otros escándalos recientes, como la ampliación de la investigación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve por delitos graves, y la revelación de que más de 80 mil trabajadores privados viajaron al extranjero durante licencias médicas, lo que pone en jaque la credibilidad de sistemas clave de protección social.
La sociedad chilena observa este escenario con una mezcla de esperanza y desconfianza. Mientras algunos sectores celebran la mejora económica como una oportunidad para avanzar en políticas sociales y estabilidad, otros advierten que sin una justicia transparente y una institucionalidad fuerte, el crecimiento puede ser insuficiente para resolver las desigualdades estructurales.
En definitiva, estos hechos muestran un país en plena pugna entre la necesidad de fortalecer sus instituciones y aprovechar su potencial económico. La acusación constitucional contra Ulloa no es solo un caso aislado, sino un síntoma de la lucha por definir qué tipo de justicia y democracia se desea en Chile. A la vez, el repunte en las cifras económicas invita a reflexionar sobre cómo traducir esos números en bienestar tangible para todos.
Como espectadores de esta tragedia y esperanza, queda claro que la justicia y la economía son dos arenas donde se juega el futuro del país. La verdad, como siempre, se encuentra en la complejidad de los hechos y en la capacidad de la sociedad para exigir transparencia y equidad, sin caer en simplificaciones.
Fuentes: CIPER Chile, Banco Mundial, Superintendencia de Seguridad Social, Ministerio Público.