
A nueve años del brutal ataque que dejó a Nabila Rifo ciega y con mutilaciones severas, Mauricio Ortega, su expareja y condenado por el hecho, obtuvo la libertad condicional. El 7 de octubre de 2025, la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique resolvió otorgar este beneficio a Ortega, quien había sido sentenciado inicialmente a 18 años de cárcel por lesiones graves gravísimas y violación de morada, tras un fallo que rebajó su condena desde 26 años.
El 14 de mayo de 2016, en Coyhaique, Ortega atacó violentamente a Nabila Rifo, causándole heridas que le provocaron la pérdida de la visión y la mutilación de ambos ojos. El hecho, ocurrido tras una relación marcada por episodios de violencia, se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la violencia machista.
“Le dije que al otro día me iba a ir, que era insolente, insoportable, y en eso me doy vuelta y siento que me pega con una piedra en la cabeza”, relató Rifo en su testimonio judicial, describiendo la brutalidad del ataque. Tras la agresión, Ortega huyó y fue detenido horas después.
En 2017, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a Ortega a 26 años de prisión, incluyendo el delito de femicidio frustrado. Sin embargo, la Corte Suprema rebajó la pena a 18 años, eliminando el cargo de femicidio frustrado y recalificándolo como homicidio frustrado.
Esta decisión generó controversia, pues cuatro de los cinco magistrados consideraron que no quedó probado el dolo de matar, mientras que el voto disidente sostuvo que la gravedad del ataque indicaba intención de causar la muerte.“No quedó demostrado cabalmente en el proceso, el dolo de matar”, argumentó el juez Lamberto Cisternas.
Tras cumplir más de nueve años en prisión, Ortega fue evaluado por la Comisión de Libertades Condicionales, que valoró su "conducta intachable" y baja reincidencia delictual, otorgándole el beneficio. Esta decisión ha sido recibida con una mezcla de incredulidad, indignación y reflexión en la sociedad chilena.
Organizaciones feministas y sectores de la sociedad civil han manifestado su preocupación por lo que consideran un retroceso en la protección de las víctimas de violencia extrema. “La libertad condicional en este caso abre una herida que aún no cicatriza en muchas víctimas y sus familias,” señala una vocera de un colectivo feminista regional.
Por otro lado, especialistas en derecho penal y reinserción social destacan la importancia de evaluar el cumplimiento de las penas y la rehabilitación efectiva para evitar la reincidencia, aunque reconocen la sensibilidad del caso.
Desde la mirada judicial, la libertad condicional se ajusta a la normativa vigente y a una evaluación técnica que considera el comportamiento del interno y su proceso de reinserción.
En contraste, para las víctimas y sus redes de apoyo, la medida no solo reabre el dolor, sino que también pone en cuestionamiento la eficacia del sistema para garantizar justicia y seguridad.
Además, la discusión se amplía hacia el debate sobre la calificación de delitos de violencia de género y la interpretación del dolo en casos de agresiones extremas, que sigue siendo un desafío para el sistema judicial chileno.
Este episodio deja al descubierto varias verdades incómodas: la complejidad de abordar la violencia extrema desde un sistema judicial que debe equilibrar castigo, rehabilitación y garantías procesales; la persistente brecha entre la percepción social y las decisiones jurídicas; y la necesidad urgente de fortalecer políticas públicas que protejan a las víctimas y prevengan este tipo de violencia.
La libertad condicional de Mauricio Ortega es más que un hecho judicial: es un espejo donde Chile se enfrenta a sus propias tensiones sobre justicia, género y memoria social. La sociedad está llamada a reflexionar no solo sobre este caso, sino sobre cómo se construyen y ejecutan las respuestas frente a la violencia machista en el país.
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Fuentes consultadas: La Tercera, Cooperativa.cl, testimonios judiciales, análisis de expertos en derecho penal y organizaciones feministas.