Acusación constitucional contra el juez Ulloa: un choque político y judicial que redefine límites y alianzas
Un proceso que comenzó con la presentación formal de una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Antonio Ulloa, el pasado 7 de octubre de 2025, ha escalado hasta convertirse en un verdadero espectáculo político y judicial, que ha expuesto las tensiones profundas entre poderes y dentro de los mismos partidos.
La acusación fue impulsada por parlamentarios oficialistas tras el empate en la Corte Suprema que impidió la destitución del magistrado, cuestionado por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y presuntas filtraciones de información judicial. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por una serie de episodios que han tensionado la convivencia política y judicial.
El origen: ¿corrupción o persecución política?
Para quienes respaldan la acusación, como la diputada Camila Musante (Independientes-PPD), 'la justicia no puede funcionar como una red de favores'. Se denuncia que Ulloa infringió sus deberes al compartir información reservada con un abogado involucrado en causas, no inhabilitarse en juicios donde había conflicto de interés y usar su influencia para ascensos dentro del Poder Judicial.
Por el contrario, sectores cercanos al juez y algunos actores judiciales ven en el proceso una maniobra política que amenaza la independencia del Poder Judicial. La ministra Gloria Ana Chevesich, vocera de la Suprema, advirtió desde temprano que 'se exige reciprocidad y buen trato en el proceso', apuntando a que el debate no se convierta en un ataque frontal.
El debate que desbordó el recinto
El 10 de noviembre, durante la sesión en el Senado para fundamentar y votar la acusación, se desató una crisis inesperada. El juez Ulloa mencionó en su defensa conversaciones informales con la senadora Yasna Provoste (DC) sobre un juicio político en 2020 contra otra jueza, Silvana Donoso. Esto provocó la reacción inmediata del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien sugirió que estas interacciones podrían ser parte de un patrón opaco.
La reacción no se hizo esperar: la senadora Provoste y sus correligionarios expresaron su molestia, la sesión fue suspendida y finalmente se acordó borrar del acta las alusiones a la parlamentaria. En paralelo, un cruce personal entre Manouchehri y el senador Fidel Espinoza (PS) escaló en acusaciones graves, evidenciando fracturas internas en el oficialismo.
Voces ciudadanas y regionales
Desde regiones, organizaciones sociales y expertos en derecho expresaron preocupación por la politización del proceso. Algunos abogados constitucionalistas consultados advierten que 'este caso pone a prueba la fortaleza institucional y la separación de poderes en Chile', mientras otros ciudadanos manifiestan desconfianza hacia la justicia y la clase política.
¿Qué queda tras la tormenta?
Este episodio no solo desnuda las pugnas internas de los partidos y la compleja relación entre el Congreso y el Poder Judicial, sino que también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y la transparencia en la administración de justicia.
La acusación constitucional sigue su curso, con la votación pendiente en el Senado, en un ambiente marcado por la desconfianza y la polarización. El episodio ha dejado en evidencia que la independencia judicial no es un concepto estático, sino un campo de batalla político donde se enfrentan intereses, alianzas y disputas personales.
Como espectadores, queda la lección de que la justicia, lejos de ser un espacio ajeno a la política, está profundamente imbricada en ella, y que entender sus conflictos requiere mirar más allá de titulares y declaraciones, hacia las estructuras y dinámicas que las sostienen.
Fuentes consultadas incluyen reportajes de Cooperativa.cl, declaraciones parlamentarias y análisis de expertos constitucionalistas.