Paro del SAG detiene la exportación de carne: una crisis que revela fallas estructurales del Estado chileno

En un escenario que podría describirse como una batalla campal por la supervivencia económica, el paro iniciado el 13 de octubre por parte de funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha dejado al sector ganadero chileno en jaque. Casi un mes de huelga ha provocado pérdidas cercanas a los US$ 8 millones en la industria de carne bovina, especialmente en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, que concentran el 50% de la producción nacional y el 35% de los embarques del sector.

La crisis no solo se mide en números. En el corazón de la disputa, dos agrupaciones de funcionarios enfrentadas, la Afsag y la Asfusag, mantienen posiciones encontradas. Mientras la primera depuso la huelga tras dos semanas, la segunda persiste en sus demandas, que giran en torno a la falta de concursos, diferencias salariales y una politización interna que, según denuncian, ha permeado la institución. “La dualidad entre quienes toman muestras y quienes certifican genera conflictos funcionales que impiden una respuesta eficiente en momentos críticos”, señala un experto en institucionalidad pública consultado para este análisis.

Desde la perspectiva empresarial, las consecuencias son palpables y dramáticas. Plantas emblemáticas como Ñuble Alimentos en Valdivia acumulan pérdidas diarias de hasta US$ 70.000, mientras que Corpcarne en Osorno reporta daños por US$ 130.000 diarios para sus asociados. Los productores enfrentan costos adicionales en alimentación y mantenimiento del ganado, que a su vez pierde valor comercial por exceso de peso o deterioro. La imposibilidad de certificar productos ha paralizado la exportación hacia Asia, destino del 78% de los envíos, con China como mercado principal.

Este bloqueo no solo afecta la economía, sino que pone en riesgo la reputación fitozoosanitaria que Chile ha construido durante décadas. La campaña estatal “Chile exporta confianza” parece una ironía cruel cuando la certificación sanitaria, pilar fundamental para la apertura y mantenimiento de mercados, está paralizada.

Desde el punto de vista político, la ausencia de un director titular en el SAG desde principios de octubre ha dejado a la institución sin un liderazgo claro para enfrentar la crisis. Esta vacancia ha alimentado la percepción de un Estado incapaz de reaccionar ante conflictos internos que impactan directamente en sectores estratégicos.

Las voces ciudadanas y de expertos reflejan un panorama de creciente desconfianza hacia la institucionalidad. Algunos sectores plantean que el problema va más allá de la huelga misma y apunta a una necesidad urgente de modernización y profesionalización del SAG, con separación clara de funciones y mayor capacidad operativa. Otros advierten sobre los riesgos de politizar organismos técnicos, lo que deriva en paralizaciones que afectan a toda la cadena productiva.

En suma, esta crisis expone una tragedia colectiva: mientras los funcionarios luchan por derechos laborales justos, el país sufre un daño económico y reputacional que podría tener consecuencias duraderas. La lección es clara: sin una institucionalidad robusta y un liderazgo efectivo, incluso sectores históricamente sólidos pueden quedar a merced de conflictos internos.

“Chile no puede darse el lujo de regalar ventajas en reputación ni mercados”, concluye un analista del sector exportador, subrayando la urgencia de una reforma profunda.

El paro del SAG, más que un simple conflicto laboral, se revela como un síntoma de las tensiones que atraviesan la relación entre el Estado, sus funcionarios y el sector productivo. La pregunta que queda en el aire es si las lecciones aprendidas serán suficientes para evitar que esta tragedia se repita.