La amenaza de Trump con la Ley de Insurrección: un pulso entre el poder federal y los estados
En un episodio que ha reavivado tensiones históricas entre el gobierno federal y las autoridades estatales en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, una norma de 1807 que autoriza el despliegue de fuerzas militares en territorio nacional para "mantener el orden".El 6 de octubre de 2025, Trump anunció la orden de enviar tropas de la Guardia Nacional a ciudades como Chicago y Portland, a pesar del rechazo frontal de las autoridades locales y bloqueos judiciales. Este movimiento desencadenó un choque institucional que expone no solo la división política, sino también una disputa sobre el alcance del poder federal frente a la autonomía estatal.
Desde la perspectiva del expresidente y sus aliados republicanos, la medida es una respuesta necesaria ante lo que califican como un aumento de la violencia y desobediencia civil en ciertas urbes. Trump defendió su postura afirmando que la Ley de Insurrección está diseñada para casos extremos y que, aunque "hasta ahora no ha sido necesario", la invocaría si la situación lo amerita."Tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que invocarla, lo haría", declaró desde el Despacho Oval, subrayando la necesidad de "evitar muertes" y "proteger a los estadounidenses".
Por otro lado, gobernadores demócratas como JB Pritzker de Illinois y alcaldes como Lori Lightfoot de Chicago denunciaron la medida como una "invasión federal" y una violación directa a la autonomía estatal.Pritzker calificó la acción como un intento de "crear caos" para justificar el uso de una ley que consideran obsoleta y peligrosa. Además, presentaron recursos legales argumentando que la orden presidencial es inconstitucional y podría agravar la violencia en lugar de contenerla.
Este enfrentamiento no es un hecho aislado, sino la culminación de meses de creciente tensión entre el Ejecutivo y las autoridades locales, en un contexto donde la polarización política ha profundizado la desconfianza y la fragmentación institucional.El despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, bajo mando directo del secretario de Defensa Pete Hegseth, y la autorización previa de tropas desde Texas, evidencian una estrategia federal que busca imponer control a través de la fuerza.
Desde una mirada regional, esta disputa refleja también las diferencias entre estados gobernados por demócratas y republicanos, donde el uso de la fuerza militar interna se percibe como un instrumento político más que una solución técnica.
En la opinión pública, la controversia ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores apoyan la intervención federal como necesaria para restaurar el orden, otros la ven como un retroceso peligroso que recuerda épocas de represión y abuso de poder.
Históricamente, la Ley de Insurrección ha sido invocada en pocas ocasiones, principalmente para sofocar disturbios internos, lo que hace que su uso actual reabra debates sobre los límites constitucionales y el equilibrio entre seguridad y derechos civiles.
En conclusión, este episodio confirma que la tensión entre el poder federal y las autoridades estatales en Estados Unidos sigue siendo un terreno de disputa abierta, donde la aplicación de leyes excepcionales puede convertirse en un arma política. La amenaza de Trump y la respuesta de los gobernadores demócratas evidencian no solo una crisis institucional, sino también un desafío para la democracia estadounidense en un momento de alta polarización y fragilidad social. La verificación de hechos y el análisis de múltiples voces permiten afirmar que, más allá de la retórica, las consecuencias visibles son un aumento de la inseguridad jurídica y la profundización de la división política, con un impacto directo en la gobernabilidad y la convivencia civil.