Desalojo en campamento Dignidad: La Florida enfrenta la crisis habitacional más tensa en años con 194 familias expulsadas
En el corazón de La Florida, la tensión se desbordó hace semanas y hoy, a más de un mes del inicio del operativo, el desalojo del Campamento Dignidad se ha convertido en un escenario donde convergen tragedia humana, conflicto social y pulso político.
A partir del 6 de octubre de 2025, la Municipalidad de La Florida inició el desalojo de 194 familias —cerca de 631 personas— asentadas en el Campamento Dignidad, ubicado en la ribera norte de la Quebrada de Macul, una zona declarada inhabitable por riesgos de aluviones e incendios. El proceso, que se extendió por varias semanas, movilizó a más de 800 efectivos entre Carabineros y funcionarios municipales, en el operativo más grande en la Región Metropolitana en años.
Riesgo geológico y orden público: la narrativa oficial
Desde la Municipalidad, el alcalde Daniel Reyes ha sostenido con firmeza que el terreno es un "espacio inhabitable con peligro de aluvión, incendios y hechos delictivos reiterados". La acción, según la autoridad, responde a un deber de proteger vidas y resguardar la seguridad y tranquilidad de los vecinos del sector, además de cumplir con la ley y el orden.
El operativo incluyó corte de suministro eléctrico y de agua para facilitar el ingreso de maquinaria pesada que demolió las construcciones irregulares en un ancho aproximado de 30 metros a lo largo de la quebrada. Reyes advirtió que "cualquier intento de reinstalarse será demolido de inmediato", mientras que la unidad de diálogo de Carabineros intentó mantener canales de comunicación con quienes se resistían a abandonar el lugar.
La resistencia y la violencia: voces desde el campamento
Para muchas de las familias afectadas, el desalojo es una tragedia social que refleja la persistente crisis habitacional en Chile. “Nos sacan de la única casa que tenemos, sin alternativas reales para dónde ir,” relata una vecina que prefirió mantener su nombre en reserva. Para ellos, la acción municipal es un acto de expulsión que profundiza la vulnerabilidad y el desamparo.
Durante el operativo se registraron incidentes menores, incluyendo el lanzamiento de piedras y la detención de una mujer, hechos que la policía atribuye a grupos minoritarios que buscan obstaculizar el proceso. Sin embargo, desde algunas organizaciones sociales y de derechos humanos, se denuncia que la represión policial y la falta de soluciones habitacionales dignas agravan la exclusión.
Amenazas y polarización: el ambiente enrarecido
Previo al desalojo, la Municipalidad denunció amenazas contra funcionarios municipales, con mensajes que incluían advertencias de quemar maquinaria y ataques armados. "No vamos a permitir que la violencia ni las amenazas amedrenten el trabajo que realizamos para proteger vidas humanas," afirmó el alcalde Reyes, reafirmando el compromiso del municipio con el Estado de Derecho.
Este clima de tensión ha polarizado la opinión pública y política en la Región Metropolitana. Algunos sectores enfatizan la necesidad de hacer cumplir la ley y proteger a la comunidad en general, mientras que otros exigen respuestas integrales a la crisis habitacional que eviten desalojos traumáticos y garanticen derechos básicos.
Subsidios y acompañamiento: ¿soluciones o paliativos?
Como parte del plan, se asignaron 41 subsidios de arriendo desde La Florida y 11 desde Peñalolén para las familias desalojadas, bajo estrictos criterios del Registro Social de Hogares y condiciones migratorias. El municipio implementó operativos de atención social y censos para registrar a las familias y sus mascotas, buscando ofrecer apoyo transitorio.
No obstante, especialistas y organizaciones sociales advierten que estos subsidios son insuficientes frente a la magnitud del problema y que la falta de políticas habitacionales de fondo sigue siendo el núcleo de un conflicto que se repite en múltiples comunas del país.
Constataciones y consecuencias
El desalojo del Campamento Dignidad en La Florida expone la compleja intersección entre riesgos naturales, orden público y crisis habitacional. La acción municipal, aunque justificada por la inhabitabilidad del terreno, ha dejado en evidencia la ausencia de un plan integral de vivienda social que evite la reproducción de asentamientos precarios.
La tragedia de estas 194 familias no es un caso aislado, sino un síntoma de un desafío estructural que enfrenta Chile: cómo garantizar un derecho básico sin recurrir a desalojos traumáticos que profundizan la exclusión y la conflictividad social.
El escenario futuro invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas públicas que integren seguridad, urbanismo, derechos sociales y diálogo comunitario, para evitar que el coliseo de tensiones y tragedias humanas vuelva a repetirse en otros rincones del país.