Transparencia en la función pública: ¿Se usaron permisos laborales para hacer campaña presidencial?:Una disputa que revela grietas en el control estatal

Un episodio que comenzó con una denuncia puntual en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha escalado hasta convertirse en una controversia que pone en jaque la confianza en la gestión pública y la equidad en la competencia electoral.El 6 de octubre de 2025, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitaron al gobierno transparentar la lista de funcionarios públicos que han solicitado permisos laborales para sumarse a la campaña presidencial de Jeannette Jara, candidata del pacto Unidad por Chile.

Este llamado surgió tras un tenso episodio entre la candidata y el ministro Carlos Montes, quien reconoció desconocer el alcance de esta práctica dentro de su cartera. Para la oposición, la situación no solo evidencia una falta de control interna sino que abre la puerta a sospechar que esta práctica podría replicarse en otros ministerios o servicios públicos.

Un choque de responsabilidades y derechos

"Las declaraciones del ministro Montes reflejan el descontrol y desconocimiento absoluto de lo que ocurre en su ministerio", afirmaron los diputados Henry Leal y Juan Manuel Fuenzalida, líderes de la bancada UDI y de la comisión de Vivienda en la Cámara Baja, respectivamente. "Si funcionarios están usando su horario laboral para hacer campaña, eso no solo es una falta ética sino que un incumplimiento de sus deberes públicos".

Por otra parte, el gobierno ha defendido el derecho individual de los funcionarios a participar en política, pero ha insistido en que ello debe realizarse fuera del horario laboral y sin usar recursos estatales. Sin embargo, la ausencia de un registro claro y mecanismos de control efectivos ha generado dudas y críticas.

Perspectivas encontradas

Desde la mirada oficialista, la exigencia opositora responde a una estrategia política para debilitar a la candidatura de Jara, especialmente en un contexto electoral polarizado y con alta tensión entre partidos. Se argumenta que la movilización ciudadana y la participación política son legítimas y que el Estado debe garantizar la neutralidad, no la inhibición de derechos.

En cambio, sectores de oposición y expertos en ética pública advierten que la línea entre participación política y uso indebido de recursos públicos se ha vuelto difusa, y que la falta de transparencia puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.

Además, voces desde la sociedad civil y académicos han señalado que este caso pone en evidencia un problema estructural en la administración pública chilena: la ausencia de protocolos claros para el manejo de permisos laborales con fines políticos y la necesidad urgente de una regulación que evite la instrumentalización partidista del Estado.

Consecuencias y aprendizajes

A más de un mes del llamado de la UDI, el gobierno ha respondido con oficios a las reparticiones públicas para informar sobre permisos solicitados, aunque la información sigue siendo parcial y en algunos casos contradictoria.

Este episodio deja en claro que la transparencia y el control en el uso de recursos estatales son desafíos pendientes, especialmente en tiempos electorales donde la legitimidad democrática se juega en cada detalle.

Asimismo, la controversia ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de los ministros y autoridades para supervisar el comportamiento de sus funcionarios y garantizar que el Estado no se convierta en un actor parcializado.

Finalmente, la historia muestra que la tensión entre derechos individuales y deberes públicos es una arena compleja, donde la claridad normativa y la ética institucional deben ser reforzadas para evitar que episodios similares profundicen la desconfianza ciudadana y fragmenten aún más el tejido político-social.

En definitiva, la transparencia en la función pública no es solo un ideal, sino una condición necesaria para la salud democrática y la convivencia política en Chile.