Lo que comenzó a principios de junio como un parte policial por violencia intrafamiliar (VIF) en Vitacura, involucrando al conocido actor Juan Pablo Sáez y su exesposa, Camille Caignard, ha mutado dos meses después en un complejo caso de estudio sobre justicia, opinión pública y la fragilidad de las narrativas en la era digital. Lejos de resolverse en la intimidad de los tribunales, el conflicto escaló a una arena pública donde cada declaración, publicación en redes sociales y comunicado de prensa ha añadido capas de complejidad, obligando a la sociedad a confrontar sus propias preconcepciones sobre la victimización, la culpa y la paternidad.
La cronología del caso es vertiginosa. Tras las denuncias cruzadas que resultaron en la detención de ambos y una orden de alejamiento para Sáez, el actor optó por llevar su defensa al espacio público. A través de su cuenta de Instagram, se posicionó como un padre impedido de ver a su hija, enarbolando la bandera de la igualdad de condiciones en la crianza.
Sin embargo, esta estrategia narrativa sufrió un giro inesperado y decisivo. Su propia hija, una menor de 12 años, utilizó la misma plataforma para interpelarlo directamente con mensajes de una dureza elocuente: “No soy tu objeto. No quiero estar contigo hasta que sanes tu mente. No eres inocente, tengo ojos y yo vi TODO”. Esta intervención no solo desestabilizó el relato del actor, sino que instaló una tercera perspectiva, la de la niña, como un elemento central e ineludible. Las consecuencias no se detuvieron ahí: un presunto desacato de la orden de alejamiento a principios de julio mantuvo el caso en el foco mediático, evidenciando que las tensiones legales y familiares estaban lejos de disminuir.
El caso presenta al menos tres narrativas en colisión, cada una con sus propios argumentos y ecos sociales:
Este conflicto no ocurre en el vacío. Dialoga directamente con debates estructurales de la sociedad chilena. Por un lado, visibiliza la tensión en la aplicación de la ley de violencia intrafamiliar y las discusiones sobre la Ley de Garantías de la Niñez, que busca asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos. Por otro, expone el controvertido uso del concepto de “parental alienation” o alienación parental, a menudo esgrimido en disputas de tuición.
Además, el caso es un ejemplo paradigmático del fenómeno del “juicio por redes sociales”, donde la presunción de inocencia compite con la viralización de acusaciones y defensas, generando una polarización que a menudo deshumaniza a los involucrados y, sobre todo, ignora el impacto a largo plazo sobre la menor de edad en el centro de la disputa.
A la fecha, el proceso judicial sigue su curso en el Ministerio Público y los Tribunales de Familia. La orden de alejamiento se mantiene vigente y las consecuencias legales definitivas aún no se han determinado. Lo que sí es visible es una fractura familiar expuesta públicamente y una conversación social que, aunque incómoda, resulta necesaria. El caso Sáez-Caignard ha dejado de ser la crónica de una pareja para convertirse en un espejo de nuestras propias contradicciones como sociedad frente a la justicia, el género y la protección de la infancia.