Déficit hospitalario y municipal: el presupuesto 2026 en el ojo del huracán: ¿Un ajuste realista o una camisa de fuerza para servicios esenciales?

En las semanas posteriores a la aprobación inicial del Presupuesto 2026, la discusión pública ha dejado al descubierto una crisis que se arrastra desde hace décadas y que ahora se manifiesta con toda crudeza: la profunda insuficiencia financiera que afecta tanto a la red hospitalaria pública como a los municipios del país.El Colegio Médico advirtió que la Ley de Presupuesto no contempla el gasto real de los hospitales, con un déficit acumulado que supera los 300 mil millones de pesos y un desajuste que lleva más de 20 años. La presidenta del gremio, Francisca Crispi, calificó el presupuesto actual como una "camisa de fuerza" que impide a los centros asistenciales planificar y operar con normalidad, poniendo en riesgo la calidad de la atención y el cierre del año sin deuda.

En paralelo, la voz de los alcaldes ha resonado con fuerza. Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, y José Manuel Palacios, de La Reina, alertaron sobre un déficit municipal estimado en 500 mil millones de pesos para 2026, producto de una rebaja en partidas claves para infraestructura, educación y servicios básicos. San Martín destacó las inexplicables desigualdades en financiamiento per cápita entre comunas y criticó la falta de inversión en democratización del espacio público. Palacios señaló una “desidia” del Ejecutivo frente a estas problemáticas, apuntando a que la responsabilidad de enfrentar el déficit recaerá en el próximo gobierno.

Desde el Ejecutivo, la vocera Camila Vallejo respondió a las críticas señalando una contradicción inherente en los reclamos: mientras se exige recortes presupuestarios para cumplir metas fiscales, en el Parlamento se presiona por aumentos de gasto. "Si hay una intención de ir más allá de la meta fiscal, que se asuman las responsabilidades conjuntas", afirmó, dejando en evidencia la tensión entre las aspiraciones sociales y las restricciones fiscales.

El análisis económico aporta otro ángulo que no puede ser ignorado. El informe del tercer trimestre del Instituto de Finanzas Públicas revela que, por tercer año consecutivo, el Gobierno no cumplirá sus metas de déficit efectivo y estructural, con un déficit que se proyecta al doble de lo planificado para 2025. Las estimaciones optimistas de ingresos tributarios para 2026, basadas en un crecimiento económico moderado y una mayor recaudación por cumplimiento tributario, podrían no materializarse, dejando un margen fiscal aún más estrecho. Este escenario sugiere que la consolidación fiscal y la difícil tarea de ajustar el gasto público serán desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno.

Por último, voces del mundo privado y social también han alzado la voz para denunciar ausencias relevantes en el presupuesto, como la falta de apoyos claros para las pequeñas y medianas empresas, motor fundamental del empleo en Chile, y la relegación de sectores estratégicos como el turismo, que pese a reconocimientos internacionales, reciben recursos insuficientes para su desarrollo.

Este conjunto de tensiones y desafíos revela una realidad compleja y contradictoria: la necesidad urgente de fortalecer servicios públicos esenciales y la presión por mantener la disciplina fiscal en un contexto de incertidumbre económica. La discusión presupuestaria de 2026 no es solo una disputa por números, sino un reflejo de las prioridades que Chile decide asumir como sociedad.

Perspectivas enfrentadas:
- Desde el sector salud, se reclama un presupuesto realista que permita cerrar años sin deuda y mejorar la calidad asistencial.
- Los municipios advierten que la reducción de recursos impactará directamente en la calidad de vida local y en la equidad territorial.
- El Gobierno y parte del Parlamento apelan a la responsabilidad fiscal, alertando sobre los riesgos de un gasto desbordado.
- Expertos en finanzas públicas advierten que las metas de déficit son difíciles de cumplir bajo las actuales proyecciones de ingresos.

Conclusiones:
La crisis presupuestaria que afecta a hospitales y municipios no es un fenómeno nuevo, sino la acumulación de años de subfinanciamiento y proyecciones poco realistas. La negociación del presupuesto 2026 se convierte en un coliseo donde se enfrentan las demandas sociales legítimas y las limitaciones fiscales ineludibles. La forma en que se resuelva este dilema tendrá consecuencias directas en la calidad de los servicios públicos, la equidad territorial y la estabilidad económica del país. En definitiva, el desafío es construir un presupuesto que no sea una camisa de fuerza, sino una herramienta que permita planificar, invertir y responder a las necesidades reales de la ciudadanía.