Desalojo en Quilpué: Se cierra un capítulo de usurpación con heridas abiertas

Un largo ciclo de conflicto y justicia ha culminado esta primera semana de noviembre con la demolición definitiva de la toma "Los Calicheros" en Quilpué, un terreno que pertenecía al empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020 por sicarios vinculados a la disputa por la propiedad. El desalojo y demolición comenzaron el 29 de septiembre de 2025, tras años de litigios y una orden judicial definitiva.

El escenario y sus protagonistas

La familia Correa, encabezada por Valentina Correa, ha sido la cara visible de esta lucha por la restitución de la propiedad. "La justicia tiene caminos difíciles: no siempre llega a tiempo, pero siempre es necesaria", afirmó Valentina en las horas previas al operativo. Para ellos, esta victoria representa un refuerzo del Estado de Derecho y un precedente contra la usurpación ilegal.

Por otro lado, las familias que habitaron la toma, muchas en situación de vulnerabilidad social y económica, enfrentaron la realidad de perder sus hogares. Voces como la de Yasmín Durán, dirigente del sector, expresaron la sensación de abandono y la crítica a la falta de comunicación efectiva con las autoridades: "La información que manejamos es la que circula en redes sociales. Del gobierno, comunicación directa con nosotros no hay". La resistencia no fue homogénea, y varios pobladores optaron por la salida voluntaria, mientras otros mantuvieron una postura firme de permanecer en el lugar.

El rol del Estado y la justicia

El proceso judicial fue largo y complejo. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la orden de demolición tras rechazar recursos presentados por los ocupantes. Solo en 2025 se adjudicó la licitación para la ejecución del desalojo y demolición, más de cinco años después de los primeros reclamos de la familia Correa. Este retraso ha sido objeto de críticas, incluso por parte de la abogada Jeanette Bruna, quien denunció que "el Estado ha tomado palco" y carece de protocolos efectivos para prevenir y gestionar estos conflictos.

Carabineros desplegó un contingente de 250 efectivos para resguardar el operativo, que se desarrolló con relativa calma, aunque no exento de tensiones y acusaciones cruzadas.

Tensiones y fracturas internas

El conflicto no solo enfrentó a propietarios y ocupantes, sino que también mostró divisiones internas entre los propios pobladores. Algunos criticaron a dirigentes que optaron por resistir, mientras otros priorizaron la protección de niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, reconoció las dudas y nervios propios ante un desalojo de esta magnitud, y cuestionó la coordinación previa del Ejecutivo: "Lo que le critico al Ejecutivo en este caso es expresamente no haber hecho con meses de antelación la coordinación".

Consecuencias visibles y lecciones

El cierre del operativo no significa el fin del debate ni de las heridas que deja. Por un lado, la familia Correa planea invertir en un cierre perimetral para evitar nuevas ocupaciones y evalúa entregar el terreno en comodato para fines sociales o policiales. Por otro, quedan al menos 120 familias desplazadas, con incertidumbre sobre su futuro habitacional, a pesar de la habilitación de albergues temporales.

Este episodio desnuda la tensión persistente entre el respeto al derecho de propiedad y la crisis habitacional que afecta a miles en Chile. La ausencia de políticas públicas robustas para prevenir y resolver estas situaciones de manera anticipada y humana es una deuda pendiente del Estado.

Como constatación, el caso Quilpué confirma que la restitución del Estado de Derecho es indispensable, pero insuficiente para resolver los problemas estructurales de vivienda y desigualdad social. La tragedia humana que se despliega en estas tomas es una llamada a repensar los mecanismos de acceso a la vivienda y la justicia social en el país.

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Fuentes: La Tercera, Cooperativa, declaraciones de Valentina Correa, Jeanette Bruna, Carolina Corti, informes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y cobertura de medios regionales.

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Este desenlace es un capítulo cerrado en lo judicial, pero abierto en lo social y político, donde las voces enfrentadas nos invitan a un debate profundo y necesario sobre el futuro de la vivienda y el Estado en Chile.