La disputa por el Plan Nacional de Búsqueda: críticas, defensas y heridas abiertas en la política chilena
En las semanas recientes, el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas ha dejado de ser solo una política pública para convertirse en un escenario de confrontación política y social que expone las profundas divisiones que aún atraviesan a Chile en materia de derechos humanos y memoria histórica.
El 1 de noviembre de 2025, Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, calificó el Plan como una "estafa" y acusó al gobierno de "desalmado" por no priorizar la identificación de restos en el Servicio Médico Legal (SML). Kaiser denunció que miles de protocolos permanecen sin identificar y acusó al Estado de negligencia grave, enfatizando que muchas familias han perdido la oportunidad de dar cristiana sepultura a sus seres queridos.
En respuesta, el SML negó categóricamente las acusaciones, asegurando que no existen restos sin periciar y que todo el material ha sido o está siendo analizado. Sin embargo, Kaiser mantuvo su postura, insistiendo en que "periciar no es lo mismo que identificar" y denunciando "cientos o miles de protocolos pendientes".
Este ataque no quedó sin respuesta: desde la izquierda, la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) calificó las declaraciones de Kaiser como parte de un retroceso y defendió con vehemencia el Plan Nacional de Búsqueda. "Si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría de buscar justicia", afirmó Jara, contraponiéndose a la visión de Kaiser y a la polémica frase de Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, quien había señalado que para "mucha gente, no es búsqueda, es venganza". Jara calificó esas palabras como una "deshumanidad tremenda" y una muestra de la continuidad de posturas que abrazaron la dictadura.
Matthei, por su parte, mantuvo una posición más crítica del actual plan, aunque afirmó que se mantendría bajo un eventual gobierno suyo, pero con un funcionamiento distinto. Su comentario generó una ola de críticas desde sectores progresistas, que interpretaron sus palabras como una minimización del dolor y la búsqueda de justicia de las familias de víctimas.
En paralelo, el ministro del Interior Álvaro Elizalde, en la conmemoración del caso Lonquén, defendió el Plan como un compromiso fundamental del Estado para restituir la dignidad y justicia a las víctimas y sus familias. Criticó duramente las querellas presentadas contra ministros y funcionarios que han impulsado la verdad y denunció que esas acciones son expresiones del negacionismo que busca silenciar la memoria histórica.
Este episodio ilustra cómo el Plan Nacional de Búsqueda, lejos de ser un acuerdo transversal, se ha convertido en un campo de batalla donde se enfrentan visiones muy distintas sobre cómo Chile debe enfrentar su pasado y construir su futuro.
Desde la derecha libertaria, se denuncia una supuesta ineficiencia y falta de transparencia que deslegitima el esfuerzo estatal, mientras que desde la izquierda y sectores de derechos humanos se defiende la política como un acto de justicia y reparación indispensable.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, expresó su preocupación por el retroceso en la conversación pública sobre derechos humanos, señalando que poner en duda la institucionalidad es una forma de negar la historia.
Este choque no solo revela la persistencia de heridas abiertas, sino también la dificultad para encontrar una narrativa común sobre la memoria, la justicia y la reparación en Chile. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando respuestas, sepultadas en el debate político que a menudo parece alejarse de sus demandas fundamentales.
En definitiva, el Plan Nacional de Búsqueda se mantiene como un símbolo y un desafío: ¿cómo avanzar en la verdad y la justicia cuando las disputas políticas convierten la memoria en un campo de batalla? La respuesta parece aún lejana, pero el costo humano y social de esta disputa es palpable y urgente.
Fuentes consultadas incluyen reportajes y declaraciones publicadas en Cooperativa.cl y La Tercera durante octubre y noviembre de 2025.