Presupuesto 2026 en Chile: El fin de la glosa republicana y el choque entre responsabilidad fiscal y demandas sociales
Un coliseo de tensiones fiscales y políticas se desplegó en el Congreso chileno durante la discusión del Presupuesto 2026, dejando en evidencia que el choque entre responsabilidad fiscal y demandas sociales no sólo es una batalla técnica, sino un escenario donde se juegan identidades y estrategias electorales.
El rechazo sin precedentes por parte de la oposición a casi todas las partidas presupuestarias en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos ha puesto en jaque al Gobierno, que ahora deberá negociar con menos tiempo y en un ambiente enrarecido tras la primera vuelta presidencial del próximo 16 de noviembre.
La glosa republicana: ¿libertad o incertidumbre?
El epicentro de la disputa ha sido la eliminación de la tradicional glosa republicana, un mecanismo mediante el cual se dejaban recursos a libre disposición del gobierno entrante para sus prioridades iniciales. El Ejecutivo, liderado por el ministro de Hacienda Nicolás Grau, propuso su fin y en su lugar otorgó una facultad limitada —de hasta US$700 millones— para reasignar recursos dentro del Presupuesto durante el primer semestre del nuevo gobierno, pero sin aumentar el gasto total.
"Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración porque le permite definir a dónde van estos recursos y de dónde vienen, en lugar de que lo definamos nosotros con nuestras prioridades", declaró Grau en octubre.
Sin embargo, esta propuesta fue recibida con recelo y rechazo transversal, incluso por parte de figuras oficialistas como la candidata presidencial Jeannette Jara, quien insistió en la necesidad de reponer la glosa republicana para garantizar "todos los recursos y facultades para cumplir con los compromisos hechos a la ciudadanía".
La ausencia de un acuerdo claro sobre esta glosa ha tensionado la discusión presupuestaria y generado incertidumbre sobre el margen de maniobra del próximo gobierno.
Posturas enfrentadas: entre la austeridad y el gasto social
Desde el oficialismo, el ministro Grau defendió la gestión fiscal del Gobierno, argumentando que el aumento del gasto público ha sido menor que en administraciones anteriores y que las finanzas públicas han mejorado, respaldado por la evaluación positiva de las principales agencias clasificadoras de riesgo.
"Los precios que evalúan la sostenibilidad financiera y fiscal de nuestro país tienen una evolución positiva", señaló Grau, valorando la confianza internacional en la política fiscal chilena.
En contraste, la oposición, especialmente el Partido Republicano y Renovación Nacional, criticó duramente el Presupuesto, acusando un mal diseño y falta de transparencia. Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN, sostuvo que el proyecto sobreestima ingresos y que el aumento del gasto implicaría mayor endeudamiento o recortes futuros, afectando la estabilidad fiscal.
"Nos ha obligado a buscar mecanismos de ahorro fiscal para crear la glosa de libre disposición", explicó Sauerbaum, justificando el rechazo a partidas específicas.
Además, la oposición republicana propuso recortes de hasta US$2.000 millones, apuntando a una reducción significativa del gasto social, una propuesta que Grau calificó de "dañina para las personas" y "electoralista".
La política como arena y el costo para la ciudadanía
El ministro Grau no ocultó su frustración ante la estrategia de rechazo total de la oposición, señalando que "la oposición está renunciando a hacer su trabajo legislativo" y que esta actitud perjudica el buen análisis y mejora de los proyectos que tradicionalmente sí se lograba con diálogo.
"Esta estrategia de rechazarlo todo es muy irreflexiva y no permite distinguir en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas tenemos desacuerdo", criticó.
Por su parte, el oficialismo espera que tras las elecciones se retome un diálogo constructivo, especialmente con Chile Vamos, sector que Grau considera más abierto a acuerdos que el Partido Republicano.
Constataciones y consecuencias
Este episodio revela varias verdades y desafíos para Chile:
- La discusión presupuestaria es un termómetro político que refleja las tensiones de un país polarizado y con elecciones presidenciales a la vista.
- El fin de la glosa republicana, un cambio técnico con impacto político, simboliza la tensión entre control fiscal y autonomía gubernamental.
- La estrategia de rechazo total de la oposición, liderada por el Partido Republicano, ha complicado la negociación y podría afectar la calidad y oportunidad de la Ley de Presupuestos.
- El Gobierno mantiene una postura de responsabilidad fiscal, con énfasis en contener el gasto, pero enfrenta críticas por falta de claridad y transparencia en algunos puntos.
- Finalmente, la ciudadanía queda expectante y en cierta incertidumbre, pues el Presupuesto es la hoja de ruta para políticas públicas que impactan directamente en salud, vivienda, educación y seguridad.
En suma, la trastienda del Presupuesto 2026 se ha transformado en un escenario donde convergen las disputas electorales, la gestión económica y la urgencia social, dejando al descubierto la complejidad de gobernar en tiempos de alta fragmentación política y demandas ciudadanas crecientes.