Presupuesto 2026: Un pulso que revela más que números: ¿gobierno y oposición en un callejón sin salida?

Un enfrentamiento que se cocinó a fuego lento y que hoy, a dos días del último round, muestra señales claras de desgaste y fractura. La discusión en torno al Presupuesto 2026 no es solo una batalla por cifras, sino un reflejo de las tensiones profundas entre el Ejecutivo y la oposición, con consecuencias palpables para la gobernabilidad y la estabilidad fiscal.

Desde el 12 de noviembre de 2025, cuando se hizo público que la proyección de ingresos del gobierno para el próximo año se basa en una recaudación de 0,73% del PIB derivada de la Ley de Cumplimiento Tributario, las alarmas se encendieron en la oposición. “Es una cifra muy optimista, especialmente en lo que se refiere a la reducción de la evasión y elusión del impuesto a la renta”, advierten parlamentarios de derecha y centroderecha, quienes cuestionan la base misma de la propuesta presupuestaria.

El desglose presentado por el Ejecutivo incluye montos específicos: 0,36% del PIB de grupos empresariales, 0,18% de altos patrimonios, y 0,14% de IVA y comercio informal, entre otros. Sin embargo, la oposición no ha entregado cifras alternativas concretas, aunque sí insiste en que el presupuesto estaría desfinanciado en torno a US$1.500 millones, lo que debería traducirse en recortes equivalentes.

Por su parte, el gobierno ha defendido la robustez de la Ley de Cumplimiento Tributario, enfatizando que las herramientas adicionales entregadas al Servicio de Impuestos Internos (SII) han fortalecido su capacidad fiscalizadora, con resultados visibles en 2025. El IVA declarado acumuló un 13,5% del PIB, un máximo histórico, si se excluye 2022. Según el Ejecutivo, esto refleja una ampliación real de la base imponible y una lucha efectiva contra la informalidad.

Pero la tensión no se limita a la disputa técnica. En un contexto electoral marcado por la figura de José Antonio Kast, el presidente Boric llevó la disputa a un nivel político más áspero, usando la cadena nacional para criticar directamente al candidato opositor y su plan de recortes. Este gesto, aunque celebrando por algunos sectores oficialistas, abrió un frente que podría debilitar la unidad dentro del propio bloque de gobierno, ya que varios parlamentarios se juegan su futuro en las próximas elecciones y miran con recelo esta confrontación pública.

Desde la oposición, la lectura es clara: “El gobierno apuesta a cifras infladas para justificar un presupuesto que no se sostiene, y utiliza la confrontación política para distraer la atención del déficit real y la necesidad de recortes.” En cambio, sectores oficialistas defienden la estrategia argumentando que es necesario mostrar firmeza frente a quienes proponen ajustes que afectarían programas sociales clave.

La negociación se ha visto entorpecida por la negativa de la oposición a participar en reuniones convocadas con el SII, entidad que, aunque autónoma, depende del Ejecutivo. Esta ausencia ha profundizado la desconfianza mutua y ha dificultado el diálogo técnico.

En este escenario, la pregunta que queda flotando es si el país puede permitirse un presupuesto fragmentado, que no cuente con respaldo suficiente en el Congreso y que, en el peor de los casos, termine postergando decisiones clave para la estabilidad económica.

Verdades y consecuencias que emergen:
- La Ley de Cumplimiento Tributario ha mostrado avances reales, pero su impacto proyectado para 2026 sigue siendo materia de debate legítimo.
- La política electoral está contaminando la discusión técnica, elevando el riesgo de un bloqueo presupuestario.
- La falta de diálogo entre gobierno y oposición, evidenciada en la ausencia de reuniones conjuntas con el SII, profundiza la fractura.
- La presión para recortar el gasto público desde la oposición choca con la necesidad de mantener programas sociales, en un contexto de alta incertidumbre social.

Este pulso revela que el presupuesto no es solo números en una hoja, sino un campo de batalla donde se juegan las prioridades del país y la confianza en las instituciones. En medio de esta disputa, la ciudadanía observa expectante, consciente de que el desenlace tendrá efectos concretos en su día a día y en el rumbo de Chile.