A más de un mes de que estallara la crisis, el sistema público chileno sigue procesando las réplicas del terremoto que significó el informe de la Contraloría General de la República. Lo que comenzó como una cifra alarmante —más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera de Chile con licencia médica entre 2023 y 2024— ha evolucionado hacia una profunda introspección sobre la probidad, las condiciones laborales y las fallas estructurales del Estado. Hoy, las consecuencias son tangibles: cientos de sumarios administrativos en curso, despidos en empresas estatales como BancoEstado (91 desvinculados) y Metro, y la implementación de nuevas tecnologías por parte de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) para bloquear en tiempo real la emisión de licencias por parte de médicos que, paradójicamente, también se encuentran con reposo.
El detonante mediático fue un caso emblemático en la comuna de Pemuco, donde los siete médicos de su único Cesfam presentaron licencia simultáneamente, cinco de ellos habiéndoselas otorgado entre sí, presuntamente como medida de presión tras la eliminación de un bono. Este episodio, aunque local, sirvió de prólogo para la revelación nacional de la Contraloría. El informe no solo expuso la magnitud del problema, sino que forzó una reacción en cadena.
El Gobierno respondió con una política de "tolerancia cero", instruyendo investigaciones en 788 reparticiones. La crisis alcanzó al círculo cercano del poder: un amigo del Presidente Gabriel Boric debió renunciar a su cargo en la Subtel, y días después, su propia cuñada, Fiona Bonati, dimitió a su puesto en la Segegob tras revelarse dos viajes al extranjero durante una extensión de su postnatal. Bonati argumentó desconocimiento de la norma, abriendo un debate sobre la intencionalidad versus la negligencia.
Las instituciones más expuestas fueron la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra, que encabezaron la lista con 2.280 y 1.934 casos respectivamente. Ambas entidades, con una fuerza laboral predominantemente femenina, iniciaron miles de sumarios y pusieron sobre la mesa una discusión más profunda sobre sus altísimas tasas de ausentismo, que alcanzan el 17% en JUNJI, casi el doble del promedio del sector público (9,2%).
La crisis ha sido interpretada desde dos prismas fundamentalmente distintos, generando una necesaria disonancia cognitiva.
Por un lado, la narrativa del fraude y la falta de probidad ha dominado el debate político. Desde la oposición, senadores de Chile Vamos presentaron un proyecto de ley para que el uso fraudulento de una licencia sea causal de destitución inmediata. Esta visión se enfoca en el abuso individual: el funcionario que viaja por placer, el médico que emite licencias sin respaldo clínico, o la red de profesionales que se otorgan permisos entre sí, como reveló la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) al detectar a 1.470 prestadores que emitieron más de 30.000 licencias estando ellos mismos con reposo.
Por otro lado, emerge una narrativa de crisis estructural y agobio laboral. Los sindicatos, especialmente de JUNJI, si bien no niegan los abusos, apuntan a un contexto de precariedad. Silvia Silva, presidenta de Ajunji, habla de los efectos de la pandemia en la salud mental, la sobrecarga por falta de personal y las condiciones de trabajo de un sector compuesto en un 98% por mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. El trágico suicidio de una técnica parvularia en Osorno por presunto acoso laboral es esgrimido como el síntoma más extremo de un sistema que enferma a sus trabajadores. Esta perspectiva cuestiona si el problema es solo la deshonestidad individual o también un sistema que empuja a sus funcionarios a un límite insostenible.
El caso de Wilson Rojas, un jefe de JUNJI destituido tras denunciar a una subalterna por viajar a Brasil con licencia, añade otra capa de complejidad, sugiriendo que la propia institucionalidad puede castigar a quienes intentan hacer cumplir las normas.
El ausentismo laboral en el sector público no es un fenómeno nuevo, pero el cruce de datos masivos por parte de Contraloría le dio una visibilidad y una contundencia irrefutables. La crisis ha transitado desde el escándalo mediático hacia una fase de reforma. El 24 de mayo se promulgó una ley que endurece las sanciones a los emisores fraudulentos, y la Suseso, cuya superintendenta fue removida del cargo, ya implementa cambios tecnológicos para un control más estricto.
El debate actual se centra en si las medidas punitivas son suficientes. El Ejecutivo estudia modificar los incentivos perversos del sistema, como la "carencia" de los tres primeros días no pagados en licencias cortas (lo que fomenta permisos más largos) y el pago del 100% de la remuneración en el sector público, a diferencia del privado. La discusión ha madurado: ya no se trata solo de perseguir a los infractores, sino de rediseñar un sistema que ha demostrado ser vulnerable al abuso y, a la vez, incapaz de proteger adecuadamente la salud de sus trabajadores. La pregunta que queda abierta es si estas reformas lograrán restaurar la fe pública o si solo serán un parche en una estructura profundamente agrietada.