Caso Bernarda Vera: Un conflicto entre memoria, justicia y política estatal

En septiembre de 2025, la historia de Bernarda Vera, inscrita como detenida desaparecida en el Informe Rettig, irrumpió con fuerza en el debate público chileno al confirmarse que estaría viva y residiendo en Argentina. Un reportaje de Chilevisión reveló esta situación, desatando una polémica que no solo involucra la verdad histórica, sino también la administración de políticas de reparación y la integridad del Estado.

Desde entonces, la narrativa se ha desplegado en un escenario político y judicial donde convergen distintas fuerzas y discursos. Por un lado, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que en 2025 también fue titular de Justicia, ha defendido la actuación del Estado y ha calificado las acciones legales en su contra como un "negacionismo vergonzoso" y una falta de humanidad. "Espero que esas acciones no sean concertadas para afectar a la hija, que es una víctima que desconocía el paradero de su madre", afirmó Cordero.

Por otro lado, la oposición, representada por figuras como el diputado Jorge Alessandri (UDI) y el Partido Nacional Libertario (PNL), ha presentado querellas y denuncias contra Cordero, acusándolo de omisión y prevaricación administrativa por no haber suspendido la pensión que recibe la hija de Vera. Para ellos, se trata de una cuestión de cuidado de los recursos públicos y de justicia ante un presunto fraude. Alessandri insistió: "Si aparece un detenido desaparecido vivo, el pago de su pensión debe suspenderse. No es negacionismo, es cuidar los dineros del Estado".

En medio de esta controversia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, respaldó a Cordero y calificó las querellas como "impresentables" y sin fundamentos jurídicos reales. Gajardo defendió el Plan Nacional de Búsqueda, destacando sus avances y la diligencia en la gestión de casos de derechos humanos. "¿Cuál sería el delito a denunciar? Las querellas son poco serias y sin argumento jurídico", sostuvo.

La discusión no se limita a la esfera política, pues también ha generado un debate ético y social profundo. La hija de Bernarda Vera, beneficiaria de la pensión estatal, tiene una discapacidad certificada superior al 60% y desconocía la situación real de su madre. Cordero enfatizó que la pensión está regulada por ley y que la beneficiaria tiene un título legítimo para recibirla, lo que complica aún más la situación. Esta pensión se mantiene vigente más allá de los 25 años habituales para hijos de detenidos desaparecidos debido a esta discapacidad.

Organizaciones de derechos humanos, como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), también han intervenido, rechazando cualquier aprovechamiento político del caso y defendiendo la integridad del Plan Nacional de Búsqueda. Ambas instancias llamaron a que la situación se resuelva judicialmente y con respeto al dolor de las víctimas y sus familias.

Este caso destapa tensiones históricas y actuales: entre la memoria dolorosa de un país marcado por la dictadura, la administración del Estado y sus políticas de reparación, y la instrumentalización política en tiempos de alta polarización. Además, pone a prueba la capacidad institucional para enfrentar casos excepcionales sin socavar la confianza en los sistemas de justicia y derechos humanos.

En definitiva, el caso Bernarda Vera es un espejo de la complejidad que enfrenta Chile en su camino hacia la reconciliación y la justicia social. La confrontación entre actores políticos y sociales evidencia que la historia no es solo pasado, sino una arena viva donde se disputan verdades, responsabilidades y el futuro del país.

Conclusiones visibles a casi un mes del estallido público:

- La verificación oficial de que una persona inscrita como detenida desaparecida está viva es inédita y desafía los supuestos consolidados en la memoria colectiva.

- Las respuestas institucionales deben equilibrar la justicia material, la protección de derechos y la transparencia, evitando caer en simplificaciones o instrumentalizaciones políticas.

- La controversia ha dejado al descubierto vacíos y fragilidades en la gestión de políticas de reparación, que requieren revisión y fortalecimiento.

- El diálogo público se ha polarizado, evidenciando la necesidad de un debate más profundo y menos reactivo sobre memoria, verdad y reparación.

Este episodio, lejos de cerrarse, seguirá siendo un desafío para la democracia chilena, que debe buscar cómo honrar la memoria sin caer en negacionismos ni en simplificaciones que dañen a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.

Fuentes consultadas: BioBioChile, La Tercera, Cooperativa.cl, Chilevisión, informes oficiales del Plan Nacional de Búsqueda, declaraciones de organizaciones de derechos humanos.