El caso Bernarda Vera y el Plan Nacional de Búsqueda: un choque entre memoria, justicia y política
En las últimas semanas, el caso de Bernarda Vera —detenida desaparecida que, según un reportaje de CHV, fue encontrada con vida en Argentina— ha reavivado un debate que trasciende el ámbito judicial para instalarse en el terreno político y social. El gobierno ha defendido con vehemencia el Plan Nacional de Búsqueda, cuestionado por denunciantes que acusan irregularidades en la entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos.
El choque más visible se produjo cuando diputados de la UDI solicitaron a la Contraloría investigar un posible fraude, y el Partido Nacional Libertario presentó una querella contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano. Frente a esto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió con una arremetida verbal que no ha dejado indiferente a nadie.
“Me parece impresentable que sea Maximiliano Murat, abogado de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, quien denuncie”, afirmó Gajardo, aludiendo a la defensa legal que Murat ha realizado a condenados en Punta Peuco. Para el ministro, estas denuncias carecen de sustento y son parte de un intento por deslegitimar a quienes persiguen a los responsables de los crímenes más graves de la dictadura.
Desde otro ángulo, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, sumó críticas hacia Murat, señalando que en vez de denunciar debería incentivar a sus representados a revelar información clave para encontrar a los detenidos desaparecidos. “Nos falta esa verdad para cerrar heridas”, dijo, poniendo en evidencia la persistente dificultad para acceder a información completa sobre el paradero de miles de personas.
Pero no todos comparten la versión oficial. Los denunciantes y sus representantes sostienen que existen omisiones y errores administrativos que afectan la reparación de víctimas, citando el caso de Luis Pino Soto, un joven detenido desaparecido que, por una falla en la Comisión Rettig, no ha recibido ninguna compensación. Para ellos, estas situaciones evidencian una gestión insuficiente y falta de transparencia.
Este enfrentamiento revela una tensión profunda entre la memoria histórica y la política contemporánea. Por un lado, la defensa del Plan Nacional de Búsqueda se presenta como un compromiso con los derechos humanos y la justicia. Por otro, las críticas apuntan a la necesidad de mayor rigurosidad, transparencia y reparación efectiva.
Además, el debate ha reavivado cuestionamientos sobre el rol de los abogados que defienden a criminales de lesa humanidad y su influencia en el discurso público, generando una polarización que dificulta el diálogo.
En definitiva, esta historia no solo pone en escena un caso emblemático de la dictadura, sino que también expone las heridas abiertas en la sociedad chilena, la dificultad para construir consensos y la complejidad de avanzar en procesos de verdad y reparación. El caso Bernarda Vera y las críticas al Plan Nacional de Búsqueda evidencian que la memoria y la justicia siguen siendo campos de batalla donde se enfrentan versiones, intereses y esperanzas.
La verdad que emerge es que el camino hacia una reconciliación plena es aún largo y requiere no solo voluntad política, sino también una mirada crítica y plural que reconozca las diversas voces en juego. La consecuencia visible es un país que sigue lidiando con su pasado, enfrentando la tragedia colectiva y la política en un escenario donde cada actor juega su rol de protagonista en un drama nacional que no termina.