Israel impone un bloqueo férreo a la ayuda humanitaria en Gaza: deporta activistas y desafía al derecho internacional
Israel ha reforzado su férreo control sobre el acceso a Gaza, deportando a 137 activistas internacionales que integraban la flotilla Global Sumud, en un episodio que desnuda la tensión entre la legalidad internacional y la estrategia israelí en el enclave palestino.
Desde el 1 de octubre de 2025, la marina israelí interceptó y detuvo las embarcaciones que intentaban llegar a Gaza con ayuda humanitaria, culminando con la deportación masiva anunciada el 4 de octubre. Entre los deportados figuran ciudadanos de Turquía, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania, evidenciando el alcance global de la protesta civil frente a la crisis humanitaria.
El dictamen de la ONU y la resistencia israelí
El 22 de octubre de 2025, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas emitió una opinión consultiva que obliga a Israel a aceptar y facilitar la ayuda humanitaria a Gaza, subrayando que no puede usar la hambruna como método de guerra ni bloquear unilateralmente la asistencia. El tribunal recordó que Israel, como potencia ocupante, tiene la responsabilidad de garantizar las necesidades básicas de la población gazatí y respetar la labor de Naciones Unidas, en particular la UNRWA.
Yuji Iwasawa, presidente del TIJ, afirmó: "Nunca se deben alegar argumentos de seguridad para detener ese apoyo para los civiles" y destacó que las restricciones israelíes han provocado "hambruna, destrucción de infraestructuras y aumento de bajas civiles".
Sin embargo, el Gobierno de Benjamín Netanyahu rechazó categóricamente el fallo, calificándolo de "nuevo intento político disfrazado de derecho internacional" y reiteró que no cooperará con organizaciones que, según su versión, están infiltradas por miembros de Hamas. Israel sostiene que la seguridad nacional justifica las restricciones y el bloqueo, alegando que la ayuda podría ser desviada hacia grupos armados.
Perspectivas encontradas: seguridad, derechos humanos y geopolítica
Desde una mirada israelí, la prioridad es la seguridad frente a la amenaza constante de ataques terroristas desde Gaza. La deportación de activistas y el bloqueo se justifican como medidas necesarias para evitar que recursos lleguen a Hamas.
En contraste, organizaciones humanitarias, la ONU y numerosos países subrayan la catástrofe humanitaria que sufren casi dos millones de civiles en Gaza. La flotilla Global Sumud, con destacados activistas internacionales, simboliza el rechazo a la política de aislamiento y el llamado a la solidaridad global.
Asier Garrido Muñoz, profesor de Derecho Internacional, señala que "la seguridad invocada no puede ser excusa para negar ayuda humanitaria, y el fallo del TIJ es un llamado a la responsabilidad internacional".
A nivel regional, países árabes y europeos han expresado preocupación por la crisis y han apoyado el dictamen del TIJ, aunque con matices y limitaciones en su accionar real. Estados Unidos, aliado clave de Israel, ha mantenido una postura ambivalente, apoyando el derecho a la seguridad israelí pero también promoviendo negociaciones para aliviar la situación humanitaria.
Consecuencias y verdades ineludibles
Este episodio confirma que la crisis en Gaza no solo es un conflicto territorial o militar, sino un choque entre normas internacionales, derechos humanos y estrategias de poder. La deportación de activistas y la negativa israelí a cumplir la recomendación del TIJ evidencian la complejidad de aplicar el derecho internacional en contextos de conflicto prolongado.
La población civil de Gaza sigue atrapada en una emergencia humanitaria agravada por bloqueos, limitaciones en el ingreso de suministros y la destrucción de infraestructuras vitales. La comunidad internacional enfrenta el desafío de encontrar mecanismos efectivos para garantizar la asistencia sin que esta sea instrumentalizada por actores armados.
En definitiva, la tragedia que se despliega en Gaza es un recordatorio doloroso de cómo las disputas políticas y de seguridad pueden dejar a millones en la penumbra del sufrimiento, mientras las instituciones globales luchan por imponer un marco de justicia y humanidad.
La historia no ha cerrado este capítulo, pero las voces y hechos acumulados hasta ahora invitan a una reflexión profunda sobre el equilibrio entre seguridad, soberanía y derechos humanos en un mundo cada vez más interconectado y polarizado.