
El 18 de octubre de 2025, un hecho que sacudió la tranquilidad de La Reina se instaló como un misterio de consecuencias profundas: el triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos mellizos de 17 años. Los cuerpos fueron encontrados en su domicilio, con Jorge Ugalde, cuñado de las víctimas, detenido como principal sospechoso.
Desde entonces, la investigación ha transitado entre la urgencia de esclarecer los hechos y la complejidad de las relaciones familiares que se entretejen en esta tragedia. La Brigada de Homicidios de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público, ha realizado diligencias exhaustivas, incluyendo recientes inspecciones en las viviendas tanto de las víctimas como del imputado.
Este proceso ha estado marcado por la presencia constante de representantes de ambas partes, buscando garantizar la transparencia y evitar cuestionamientos futuros. 'Hasta el momento, lo que se están realizando son diligencias solicitadas por parte de la defensa. Son parte del proceso investigativo y también por mantener la imparcialidad de toda la investigación que se está llevando a cabo', afirmó la subcomisaria Konny González, de la Brigada de Homicidios.
Pero este no es un caso que se resuelva solo con pericias y declaraciones. En el centro del debate está la tensión entre una familia rota y un sistema judicial que enfrenta la presión de un caso mediático. Por un lado, la defensa de Ugalde ha solicitado fijación fotográfica del sitio del suceso y otras diligencias que buscan proteger los derechos del imputado. Por otro, los familiares de las víctimas exigen que la justicia actúe con rapidez y rigor para evitar impunidad.
Desde una perspectiva social, este crimen ha abierto una conversación incómoda sobre la violencia intrafamiliar y la fragilidad de los vínculos en contextos de alta presión emocional y económica. Expertos en criminología consultados señalan que, aunque el caso tiene características particulares, refleja patrones de conflictos no resueltos que pueden escalar a tragedias irreparables.
En el plano político y judicial, la atención se ha centrado en la eficacia y transparencia de las instituciones encargadas de la investigación. 'La presencia simultánea de la defensa, familiares y fiscalía en las diligencias es una señal positiva de un proceso que busca equilibrio, pero no exento de tensiones', comenta un analista jurídico.
Finalmente, la verdad sobre lo ocurrido aquella fatídica noche sigue siendo un rompecabezas que solo el tiempo y la rigurosidad podrán completar. Lo que queda claro es que esta historia desnuda las grietas de una familia, la complejidad de la justicia y la necesidad de reflexionar sobre cómo prevenir que tragedias así vuelvan a repetirse.
A seis semanas del crimen, la investigación continúa abierta, con interrogantes que desafían a todos los actores involucrados y a la sociedad que observa, expectante y conmocionada.