La disputa fiscal entre Boric y Kast: ¿Qué revela el debate sobre el futuro del gasto social en Chile?

En un episodio que ha marcado la agenda política de las últimas semanas, el Presidente Gabriel Boric cuestionó públicamente el plan fiscal del candidato presidencial José Antonio Kast, poniendo en duda cómo se concretarían sus propuestas de recortes presupuestarios por 6.000 millones de dólares. La respuesta no se hizo esperar: Kast descalificó al mandatario, acusándolo incluso de "cobardía".

Este enfrentamiento, lejos de ser un simple intercambio de acusaciones, refleja un choque profundo sobre la concepción del gasto social y las prioridades del Estado chileno. Álvaro Elizalde, ministro del Interior, defendió la intervención de Boric, señalando que "si alguien pone en riesgo políticas sociales, lo que corresponde es que se clarifique". Por otro lado, la reacción de Kast, que optó por la descalificación personal en lugar de explicar detalles técnicos, ha sido interpretada como una estrategia para evitar revelar el impacto real de sus propuestas.

Desde la perspectiva del oficialismo, el silencio o la indefinición de Kast sobre los recortes proyectados genera incertidumbre y pone en jaque programas sociales clave como la Pensión Garantizada Universal, la gratuidad en la educación superior y ciertas políticas de salud. En cambio, sectores de la derecha y simpatizantes del candidato republicano argumentan que las críticas buscan deslegitimar una propuesta que apunta a la eficiencia fiscal y a corregir desequilibrios presupuestarios.

En paralelo, la discusión presupuestaria ha incluido una reforma técnica pero significativa: la eliminación de la glosa de libre disposición para el próximo gobierno, reemplazada por un mecanismo de reasignación entre partidas. Según Elizalde, esta medida, aprobada con apoyo transversal y propuesta por una comisión asesora, busca que el nuevo gobierno pueda definir sus prioridades con mayor eficiencia en la ejecución del gasto. Sin embargo, esta modificación también ha generado críticas desde distintos sectores que la perciben como una limitación a la autonomía presupuestaria.

En regiones, la polémica ha abierto un debate sobre cómo estos cambios afectarán la distribución de recursos locales y la capacidad de los gobiernos regionales para responder a necesidades específicas. Voces ciudadanas expresan preocupación por la posible afectación de programas sociales que sostienen a las comunidades más vulnerables.

Este episodio pone en evidencia no solo la polarización política sino también la complejidad del desafío fiscal que enfrenta Chile en un contexto de demandas sociales crecientes y restricciones económicas. La disputa entre Boric y Kast no es solo un rifirrafe presidencial, sino un síntoma de un país que busca cómo equilibrar sostenibilidad fiscal con justicia social.

Las verdades que emergen tras este debate son claras: la falta de claridad en propuestas de recorte puede erosionar la confianza ciudadana; la modernización del presupuesto apunta a mejorar la eficiencia, pero debe ser acompañada de transparencia y diálogo; y finalmente, el futuro del gasto social seguirá siendo un terreno de disputa central en la política chilena.

El camino hacia las elecciones de 2026 estará marcado por esta tensión, que obliga a los actores políticos a explicar con rigor y responsabilidad el impacto real de sus propuestas, y a los ciudadanos a exigir respuestas con fundamento y visión de país.