Reformalización de Juan Beltrán: Secuestro con homicidio que sacude a San Bernardo
El caso de Krishna Aguilera ha dejado de ser una historia de desaparición para convertirse en un drama judicial que desnuda las complejidades y grietas del sistema de justicia y seguridad en la periferia de Santiago.
El 13 de noviembre de 2025, la Fiscalía reformalizó a Juan Beltrán por secuestro con homicidio, tras encontrar el cuerpo de la víctima y reunir antecedentes que lo vinculan directamente con la planificación y ejecución del crimen. Esta decisión, comunicada por el fiscal regional Marcos Pastén en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, marca un giro decisivo en la investigación que comenzó con la denuncia de la desaparición de Krishna Aguilera.
De la desaparición al homicidio: una trama que se complica
Inicialmente, Beltrán fue formalizado solo por secuestro, debido a la ausencia del cuerpo y pruebas concluyentes. Sin embargo, tras la ubicación del cadáver y el análisis forense que determinó la intervención de terceros en la muerte, la Fiscalía pudo ampliar la imputación, agregando el delito de homicidio. Según Pastén, Beltrán no solo participó en la retención ilegal de la joven, sino que fue parte activa en la planificación del asesinato y en la inhumación clandestina con la intención de ocultar el crimen.
Voces enfrentadas: perspectivas políticas y sociales
Desde sectores conservadores, la formalización ha sido vista como un paso necesario para fortalecer la respuesta judicial contra la violencia criminal que afecta a comunas como San Bernardo. Para ellos, 'la firmeza en la investigación es clave para restablecer la confianza en las instituciones', sostienen.
Por otro lado, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advierten sobre la necesidad de no perder de vista las causas estructurales que permiten la proliferación de delitos asociados al narcotráfico y la violencia, enfatizando que 'la justicia debe ir acompañada de políticas integrales de prevención y rehabilitación social'.
El trasfondo criminal y la red de complicidades
La Fiscalía ha señalado que Beltrán mantenía una activa participación en el tráfico de drogas, y que la investigación apunta a al menos seis personas involucradas en distintos roles en la planificación y ejecución del secuestro y homicidio. Esto revela una compleja red criminal que se extiende más allá del episodio puntual, planteando desafíos para la seguridad pública y la persecución penal.
Consecuencias y reflexiones finales
La reformalización de Juan Beltrán es un hito que confirma la gravedad del caso y la seriedad con que la Fiscalía ha abordado la investigación. Sin embargo, también expone la lentitud y dificultades del sistema para esclarecer crímenes que involucran múltiples actores y delitos conexos. La sociedad chilena, especialmente en zonas periféricas, observa con atención cómo se desarrolla este proceso, que no solo juzga a un imputado, sino que pone en escena las tensiones entre justicia, seguridad y derechos ciudadanos.
Este caso invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas públicas que no solo castiguen, sino que prevengan y atiendan las raíces del crimen organizado y la violencia social, en un país que aún busca equilibrar desarrollo, justicia y cohesión social.
Fuentes consultadas: Fiscalía Regional Occidente, La Tercera (13-11-2025), declaraciones públicas de organizaciones sociales y expertos en seguridad pública.