El debate sobre los fondos de libre disposición en el presupuesto 2026: ¿un nuevo campo de batalla político?
El proyecto de Ley de Presupuesto 2026, presentado por el gobierno de Gabriel Boric, desató una controversia que ha trascendido la esfera técnica para convertirse en un símbolo de las tensiones políticas y sociales que atraviesa Chile. En el centro del debate está la exclusión de la tradicional glosa de libre disposición, un instrumento presupuestario que, aunque discreto, ha sido clave para la flexibilidad en la gestión estatal.
El 1 de octubre de 2025, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, manifestó públicamente su desacuerdo con esta exclusión, calificándola como un error que podría limitar la capacidad de respuesta del próximo gobierno frente a emergencias sociales. En particular, Jara puso el foco en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el incendio en Viña del Mar, un proceso que ha sido criticado por su lentitud y falta de eficacia.
Desde la perspectiva del oficialismo, la glosa representa una herramienta indispensable para enfrentar imprevistos y desafíos sociales urgentes. "No es plata que se vaya a ocupar en cualquier cosa", afirmó Jara, subrayando que su uso mayoritario en el pasado estuvo orientado a atender situaciones críticas. Esta visión se apoya en la experiencia reciente donde, según sus palabras, la ausencia de financiamiento adecuado para el IFE laboral fue un legado del gobierno anterior que afectó la implementación de políticas sociales.
En contraste, la oposición ha cuestionado la inclusión de estos fondos, argumentando que su manejo puede derivar en falta de transparencia y uso discrecional. El debate se ha enrarecido con la intervención directa del Presidente Boric, quien en cadena nacional criticó el recorte fiscal propuesto por José Antonio Kast, generando un choque político que Jara prefirió distanciar, calificándolo como un problema entre el gobierno y la oposición.
Regionalmente, el impacto del conflicto se siente con fuerza en la Región de Valparaíso, donde el incendio y la lenta reconstrucción han dejado a miles de familias en situación precaria. Organizaciones sociales y vecinos han expresado frustración y desconfianza hacia las autoridades, demandando soluciones concretas y urgentes, más allá de las disputas parlamentarias.
Este episodio refleja la dificultad para articular acuerdos en un Congreso fragmentado, donde la polarización limita la capacidad de construir consensos en torno a políticas públicas esenciales. La glosa de libre disposición, aunque técnica, se ha convertido en un termómetro de la gobernabilidad y la sensibilidad política frente a las demandas sociales.
A más de un mes del inicio del debate parlamentario, la glosa no ha sido repuesta, y la incertidumbre sobre su destino genera inquietud en distintos sectores. La reconstrucción de Viña del Mar, en particular, se mantiene como un desafío urgente que exige recursos y voluntad política.
En definitiva, la disputa por los fondos de libre disposición no solo revela las tensiones entre oficialismo y oposición, sino que pone en evidencia la compleja relación entre política, gestión pública y demandas ciudadanas. La ausencia de esta herramienta presupuestaria podría limitar la capacidad de respuesta estatal ante emergencias, mientras que su eventual reinstauración requerirá mecanismos claros de transparencia y control.
El escenario invita a la reflexión sobre cómo Chile puede superar la fragmentación política para abordar problemas concretos que afectan la vida diaria de sus habitantes, en especial aquellos más vulnerables. La historia de esta glosa es, en suma, una historia de poder, responsabilidad y expectativas sociales que sigue escribiéndose.