México enfrenta la crisis de la clonación de voz con IA: un pulso entre derechos y tecnología

Un ataque en alta mar que sacudió la relación México-Estados Unidos ha dejado al descubierto un complejo entramado de soberanía, derechos humanos y seguridad regional, cuyo desenlace aún está en curso. El 28 de octubre de 2025, la Marina de México inició una operación de búsqueda en aguas internacionales para rescatar a un posible sobreviviente de un ataque estadounidense contra presuntas narcolanchas a 740 kilómetros de Acapulco. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, ha generado un choque frontal entre dos gobiernos, cada uno con su narrativa y justificaciones, que refleja las tensiones de una guerra no declarada contra el narcotráfico pero con consecuencias fatales para civiles y diplomacia.

Desde Washington, el secretario de Defensa Pete Hegseth sostuvo que las embarcaciones atacadas transportaban miembros de “organizaciones terroristas designadas”, justificando así la operación militar sin aprobación del Congreso estadounidense. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado públicamente su rechazo a estos ataques, calificándolos de “extrajudiciales” y pidió que se aborde el tema en una mesa de trabajo bilateral para garantizar el respeto a los tratados internacionales.

El conflicto se intensifica al considerar que, según fuentes oficiales, 57 civiles han muerto en 14 ataques realizados desde septiembre en el Caribe y el Pacífico, tres de ellos sobrevivientes con graves secuelas físicas y psicológicas. Uno de estos sobrevivientes, Jeison Obando Pérez, fue deportado en condiciones críticas a Colombia, lo que ha aumentado la presión internacional sobre Estados Unidos.

En México, la operación de rescate desplegó un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima, en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). Sin embargo, hasta la fecha, el posible superviviente no ha sido localizado, y la búsqueda continúa.

Este episodio ha abierto un debate que va más allá del incidente puntual. Para sectores políticos mexicanos, la acción estadounidense representa una violación a la soberanía nacional y un atropello a los derechos humanos. En contraste, el gobierno estadounidense sostiene que su ofensiva es una medida necesaria para combatir el narcotráfico y el terrorismo, aunque sin el respaldo formal del Congreso.

En la esfera diplomática, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha convocado reuniones con el embajador estadounidense para establecer protocolos que eviten la repetición de estos hechos y se respeten los marcos legales internacionales. No obstante, la respuesta estadounidense ha sido ambigua y en ocasiones confrontacional, con amenazas de sanciones contra países que critiquen sus acciones.

Desde la sociedad civil y expertos en derechos humanos, se advierte que la ausencia de transparencia y la falta de investigaciones independientes alimentan la desconfianza y potencian la crisis. Se cuestiona la legitimidad de los ataques y el uso de la fuerza letal sin garantías procesales.

En resumen, el episodio de las narcolanchas hundidas en aguas internacionales ha puesto en escena un choque de narrativas y valores: la lucha contra el crimen organizado versus el respeto a la soberanía y los derechos humanos. La ausencia de un sobreviviente rescatado hasta hoy y la persistencia de ataques unilaterales revelan una escalada preocupante con consecuencias imprevisibles para la región.

La lección que queda, y que México y Estados Unidos deberán enfrentar, es que la seguridad no puede construirse a costa de la legalidad ni de la vida civil. La búsqueda de un equilibrio entre la cooperación internacional y el respeto mutuo es urgente para evitar que esta tragedia se repita y para restaurar la confianza en la justicia y la diplomacia regional.