Presupuesto 2026: Republicanos entran al ring con un fuerte recorte fiscal como arma principal
La escena política chilena vivió en estas semanas un duelo inesperado, donde el Partido Republicano, hasta entonces al margen, decidió sumarse a la mesa de negociaciones del Presupuesto 2026. Esta incorporación se concretó formalmente el 11 de noviembre de 2025, cuando el diputado Agustín Romero aceptó participar en las tratativas políticas y técnicas con el Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Este movimiento, lejos de ser un simple gesto protocolar, representa un desafío directo a la estrategia fiscal del Ejecutivo, que busca aprobar un presupuesto que, según datos oficiales, ratifica un déficit estructural proyectado del 1,1% del PIB para 2026 tras un empeoramiento en la situación fiscal de 2025. La oposición, ahora con Republicanos en el ring, exige un recorte del gasto público que bordea los US$2.000 millones, cifra que Grau había rechazado previamente.
Un ingreso estratégico y su peso político
La entrada de los Republicanos no fue espontánea. Según explicó Romero, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, fue quien contactó directamente a la bancada para incorporar expertos que aportaran en la discusión técnica. Entre ellos destacan Tomás Bunster, economista cercano a José Antonio Kast; Claudio Osorio, abogado y director de Ideas Republicanas; y Juan Alberto Pizarro, contador auditor. Estos nombres se suman a un equipo ya robusto conformado por figuras del oficialismo y la oposición tradicional, como Cristina Torres y Jorge Selaive.
Este refuerzo técnico busca consolidar la postura republicana de un ajuste fiscal profundo y realista, especialmente cuestionando las proyecciones de ingresos basadas en la Ley de Cumplimiento Tributario y los resultados de Operación Renta. "Si no hay un recorte efectivo en gasto, es difícil que podamos aprobar un Presupuesto en estas condiciones. Acá no hay plata", afirmó Romero.
El Gobierno contraataca: urgencia y pragmatismo
Desde Hacienda, el ministro Grau ha acelerado las conversaciones para evitar un bloqueo que podría paralizar la ley de Presupuestos, vital para el funcionamiento del Estado. Tras el rechazo masivo de partidas en la comisión mixta de Presupuestos el 29 de octubre, el Ejecutivo enfrenta la presión de despachar la ley antes del 17 de noviembre, fecha en que la Sala de la Cámara retomará la discusión.
El Gobierno ha anunciado que ingresará un paquete de indicaciones para la Sala que reflejan acuerdos parciales en áreas clave como vivienda, educación, salud y cuidados, intentando así mostrar flexibilidad y voluntad de diálogo. Sin embargo, la demanda republicana por un recorte sustancial pone en jaque la capacidad de consenso, especialmente en un escenario político fragmentado y con elecciones presidenciales y parlamentarias a la vuelta de la esquina.
Voces en pugna: visiones contrapuestas
Desde la centroizquierda oficialista, se subraya la necesidad de mantener un gasto público que permita sostener políticas sociales en un contexto económico complejo, marcado por un crecimiento económico modesto y presiones inflacionarias. Expertos como Soledad Hormazábal advierten que ajustes excesivos podrían afectar la recuperación y la cohesión social.
Por su parte, sectores de derecha y los Republicanos insisten en que la disciplina fiscal es la única vía para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas y restaurar la confianza en el mercado. Esta visión enfatiza la importancia de no depender de ingresos extraordinarios y de corregir el gasto estructuralmente.
En regiones, la discusión adquiere matices propios: zonas con alta dependencia de transferencias estatales miran con preocupación los recortes, mientras que sectores empresariales y gremiales apoyan medidas que reduzcan el déficit y abran espacio para inversión privada.
Constataciones y consecuencias
A casi un mes del inicio formal de estas negociaciones, la historia muestra la dificultad de conciliar urgencias políticas con realidades económicas y demandas sociales. El Presupuesto 2026 se ha transformado en un campo de batalla donde se cruzan intereses y visiones que no solo definen cifras, sino el modelo de país que se pretende promover.
La incorporación del Partido Republicano, con su énfasis en recortes profundos, revela una fragmentación ampliada en el Congreso y un desafío para el Gobierno de Boric, que debe equilibrar pragmatismo y compromiso social.
El desenlace de esta negociación marcará no solo el destino fiscal del próximo año, sino también el clima político preelectoral y la confianza ciudadana en las instituciones. En este combate, las cartas están echadas y el público observa expectante, consciente de que las consecuencias irán más allá del papel y las cifras, tocando la vida cotidiana de millones de chilenos.