Presupuesto 2026: La batalla por el gasto público que revela las grietas políticas en Chile

El debate en torno al Presupuesto 2026 ha trascendido la mera discusión técnica para convertirse en un escenario donde se exhiben las tensiones más profundas entre el Gobierno y la oposición. A principios de octubre de 2025, la bancada de diputados de la UDI presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República acusando al Presidente Gabriel Boric de violar el principio de prescindencia política por sus declaraciones críticas durante una cadena nacional, en la que cuestionó abiertamente las propuestas de recortes fiscales de candidatos presidenciales de derecha.

Desde el Gobierno, se argumenta que la crítica apuntaba a proteger la estabilidad fiscal y social del país, evitando medidas que podrían poner en riesgo programas sociales y la recuperación económica. Sin embargo, para la oposición, especialmente para figuras como el diputado Juan Antonio Coloma, "El Presidente Boric cruzó un límite. No sólo intervino en el proceso electoral, sino que cometió un abuso inaceptable de su cargo", exigiendo una investigación y sanción por parte de la Contraloría.

Este enfrentamiento no es un episodio aislado, sino la culminación de semanas de tensión. Un ex director de presupuesto denunció que el Gobierno dejó amarrados bonos por US$300 millones para funcionarios públicos, generando cuestionamientos sobre la transparencia y manejo de recursos. En paralelo, la derecha ha calificado el proyecto presupuestario como una "vergüenza", acusando falta de claridad y posibles maniobras para ocultar deudas y compromisos financieros.

Desde un enfoque regional, las críticas apuntan a que la incertidumbre presupuestaria afecta especialmente a las regiones, donde la ejecución de proyectos sociales y de infraestructura depende de asignaciones claras y oportunas. Voces ciudadanas expresan preocupación por el impacto que estas disputas políticas tendrán en servicios públicos básicos y en la calidad de vida.

Por otra parte, sectores progresistas defienden la necesidad de un presupuesto expansivo que permita avanzar en derechos sociales y enfrentar desafíos como la crisis climática y la desigualdad, rechazando los llamados a recortes que consideran regresivos.

La disputa también revela una disonancia cognitiva en el electorado y en las élites políticas: mientras unos exigen austeridad y control fiscal, otros demandan inversión pública para consolidar cambios estructurales. Esta tensión se refleja en la polarización discursiva y en la percepción de que el presupuesto es una herramienta de poder más que un instrumento técnico.

En conclusión, el Presupuesto 2026 se ha convertido en un campo de batalla que expone las fracturas políticas y sociales de Chile, con acusaciones que van desde la falta de prescindencia política hasta la opacidad en la gestión de recursos públicos. La resolución de este conflicto tendrá consecuencias directas en la gobernabilidad y en la confianza ciudadana hacia las instituciones. Más allá de las posturas encontradas, queda claro que el debate presupuestario no puede reducirse a un juego de poder electoral, sino que debe orientarse hacia la construcción de consensos que permitan avanzar en un desarrollo sostenible y equitativo para el país.