Presupuesto 2026: La batalla política que redefine la deuda y el gasto público en Chile

El Presupuesto 2026 presentado por el gobierno de Gabriel Boric se ha convertido en la arena donde se enfrentan las fuerzas políticas más visibles del país, con acusaciones que van desde la irresponsabilidad fiscal hasta la falta de transparencia en el destino de los recursos públicos. El 30 de septiembre de 2025, el Ejecutivo presentó un proyecto con un aumento del gasto en áreas clave como salud y vivienda, pero también con un incremento significativo en la deuda pública.

“El Gobierno ha consumido los ahorros sin crisis de por medio. Recibió el FEES en US$ 8.000 millones y ahora lo tiene en US$ 3.000 millones. Es el Gobierno con más deuda en salud y vivienda, que no deja recursos para los próximos gobiernos y que deja las cuentas desordenadas”, afirmó Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, quien ha sido una de las críticas más vehementes del presupuesto. Su discurso se centra en la idea de que el Ejecutivo no ha gestionado con prudencia los fondos públicos, comprometiendo la estabilidad fiscal futura.

Por otro lado, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, puso en duda la coherencia del aumento presupuestario en salud con la realidad de los hospitales y proveedores privados, preguntando “si aumentó el presupuesto de salud en 30%, entonces ¿por qué carajos no hay plata para pagar los insumos en los hospitales o a los proveedores privados del sistema? ¿Qué pasó con la plata señor Presidente?”.

Estas críticas se enmarcan en un contexto de creciente tensión social y económica, donde las demandas por mejores servicios públicos chocan con las restricciones fiscales y la deuda acumulada. El gobierno, por su parte, defiende el presupuesto como una herramienta necesaria para responder a las urgencias sociales y avanzar en políticas públicas que buscan reducir las desigualdades.

Desde una perspectiva regional, sectores del sur y norte del país han manifestado preocupación por la distribución de los recursos, señalando que algunos territorios históricamente marginados podrían quedar relegados frente a las prioridades centrales del gobierno. Organizaciones sociales y expertos en políticas públicas han pedido mayor transparencia y participación en la asignación presupuestaria, para evitar que las disputas políticas terminen afectando la eficacia de las políticas implementadas.

En el plano político, este episodio ha tensionado aún más el escenario electoral. La confrontación entre Matthei y Kaiser con Boric no solo refleja diferencias de fondo sobre la gestión económica, sino que también anticipa el clima de polarización que caracterizará la campaña presidencial de 2026. Ambos candidatos han prometido propuestas para corregir lo que consideran errores del actual gobierno, mientras que desde el oficialismo se insiste en que el presupuesto es un paso necesario para cumplir compromisos sociales.

Finalmente, más allá del debate político, el Presupuesto 2026 deja en evidencia una verdad ineludible: la tensión entre las demandas sociales crecientes y la capacidad fiscal del Estado chileno es un desafío estructural que no se resolverá con discursos, sino con acuerdos y reformas profundas. La forma en que se gestione esta tensión tendrá consecuencias visibles en la calidad de vida de los ciudadanos y en la estabilidad económica del país en los próximos años.

La lección que emerge de este enfrentamiento es clara: la política presupuestaria en Chile se ha convertido en un campo de batalla donde se juega no solo la distribución del gasto, sino la confianza y el rumbo del país. El desafío será encontrar un equilibrio que permita avanzar sin sacrificar la responsabilidad fiscal ni las demandas ciudadanas.