
En un escenario que parecía lejano pero se materializó con rapidez, el arancel del 10% impuesto por Estados Unidos a las importaciones de madera y sus derivados entró en vigor el 14 de octubre de 2025. Chile, que exporta a ese mercado cerca de US$1.063 millones en productos forestales, ha visto cómo esta medida afecta el 97,9% de sus envíos en este rubro, según cifras oficiales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).
El impacto económico es innegable. Con Estados Unidos como segundo destino para la madera chilena, solo superado por China, la imposición del arancel ha generado preocupación en el sector exportador. Desde la industria, se advierte sobre la reducción de competitividad y la pérdida de mercado en un contexto global ya tensionado por la competencia y los costos logísticos.
“Esta medida, aunque generalizada, no deja de ser un duro golpe para nuestras empresas, muchas de las cuales operan con márgenes estrechos y ahora deben absorber un costo adicional que no estaba contemplado”, señala un representante de la Cámara Chilena de la Madera.
Desde el Ejecutivo, la postura ha sido de reconocimiento y gestión. La subsecretaria Claudia Sanhueza ha destacado que la medida no está dirigida exclusivamente a Chile, sino que afecta a la mayoría de los países exportadores de madera a Estados Unidos. Además, se ha señalado la continuidad del diálogo con las autoridades comerciales norteamericanas para mitigar el impacto.
Sin embargo, esta postura no ha estado exenta de cuestionamientos. Desde sectores políticos de oposición y organizaciones sociales, se ha criticado la falta de anticipación y la ausencia de medidas compensatorias claras para los pequeños y medianos productores que podrían ser los más afectados.
“El gobierno debió prever esta situación y contar con un plan de contingencia que no solo dialogue, sino que proteja a los trabajadores y a las comunidades forestales vulnerables,” argumenta una diputada de oposición.
En las regiones del sur, donde la actividad forestal es un pilar económico, la preocupación se siente en la calle y en las mesas de trabajo. Productores, sindicatos y municipalidades han expresado inquietudes respecto a la posible pérdida de empleos y la disminución de ingresos que podría afectar a miles de familias.
Al mismo tiempo, expertos en desarrollo regional advierten sobre el riesgo de un efecto dominó: menos exportaciones, menos inversión, y una mayor vulnerabilidad social en territorios que ya enfrentan desafíos estructurales.
Tras un mes de la entrada en vigencia del arancel, las cifras preliminares indican una desaceleración en los envíos hacia Estados Unidos, aunque aún es temprano para cuantificar la totalidad del daño económico. Lo que sí queda claro es que la medida estadounidense ha expuesto la fragilidad de un sector dependiente de mercados externos y de políticas comerciales internacionales que pueden cambiar con rapidez.
El Gobierno chileno se encuentra en un momento crítico para definir si su estrategia se limitará al diálogo diplomático o si avanzará hacia políticas internas que fortalezcan la resiliencia del sector forestal, incluyendo diversificación de mercados y apoyo a los productores más vulnerables.
Este episodio también abre un debate más amplio sobre la necesidad de una política comercial chilena más proactiva y adaptativa, capaz de anticipar y responder a shocks externos sin dejar a sectores clave a la deriva.
En definitiva, el arancel de Trump es mucho más que un impuesto: es un desafío para la economía, la política y la sociedad chilena, que invita a reflexionar sobre el futuro de nuestras exportaciones y la sustentabilidad de las regiones productoras.
2025-11-12
2025-11-12