Han pasado más de dos meses desde que la Contraloría General de la República (CGR) sacudiera los cimientos de la administración pública chilena. Lo que comenzó como un informe técnico se convirtió rápidamente en un escándalo nacional: entre 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios de 777 entidades estatales viajaron fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica. El dato, obtenido tras un cruce de información entre la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Policía de Investigaciones (PDI), no fue solo una cifra, sino el detonante de una crisis de confianza que aún resuena en los pasillos del poder.
La onda expansiva fue inmediata y transversal. Empresas estatales, hasta entonces vistas como entidades con una gestión más rigurosa, anunciaron medidas drásticas. Metro S.A. desvinculó a 23 trabajadores y mantiene a otros 76 bajo investigación. BancoEstado, por su parte, cifró en 195 los funcionarios involucrados y procedió con el despido de 91 de ellos. ENAP no se quedó atrás, anunciando la desvinculación de 44 trabajadores por "falta a la probidad e incumplimiento grave". Estas acciones, si bien buscaron ser una señal de tolerancia cero, también visibilizaron la profundidad y extensión de una práctica que parecía normalizada.
El escándalo escaló más allá del funcionario anónimo, tocando directamente las esferas del poder político y revelando nuevas capas de complejidad.
La Dimensión Política: La controversia alcanzó a La Moneda con la renuncia de Fiona Bonati, periodista de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y cuñada del Presidente Gabriel Boric, quien realizó dos viajes al extranjero durante una licencia por extensión de posnatal. Aunque Bonati argumentó desconocimiento de la prohibición, su salida fue inevitable. El propio Presidente Boric zanjó el tema públicamente, afirmando que "hay que cumplir las mismas condiciones, independiente del parentesco", en un intento por establecer un estándar de probidad universal. En paralelo, se abrió un sumario contra la hija del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por presuntamente emitir una licencia irregular a su padre, un caso que añade una posible dimensión penal al mal uso del instrumento.
La Paradoja de los Sanadores: Cuando el foco parecía estar solo en los beneficiarios, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) reveló un dato que generó una profunda disonancia cognitiva: entre 2022 y 2024, 1.470 médicos emitieron más de 30.000 licencias médicas mientras ellos mismos se encontraban con reposo. Esta revelación cuestionó no solo la ética de los profesionales, sino la integridad del sistema desde su origen. La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, fue enfática en condenar los hechos, calificando a quienes venden licencias como "delincuentes de bata blanca" y anunciando querellas. Sin embargo, la magnitud de las cifras sugiere un problema más arraigado que la acción de unos pocos.
El Clamor por Mayor Fiscalización: En el centro del debate institucional se ha posicionado la Contralora Dorothy Pérez, quien ha utilizado la crisis para evidenciar las limitaciones de su organismo. En sus presentaciones ante el Congreso, Pérez ha sido clara: "Nos faltan atribuciones". La CGR busca potestades para acceder directamente a las cartolas bancarias de los servicios públicos —no de los funcionarios— y, en casos graves, aplicar sanciones directas en vez de solo proponerlas. Esta petición ha abierto una discusión sobre el equilibrio de poder y la necesidad de modernizar las herramientas de fiscalización del Estado para enfrentar fraudes del siglo XXI.
Analizar el escándalo únicamente a través de los viajes al extranjero sería un error. Datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) revelan un telón de fondo de ausentismo laboral crónico en el sector público. En 2024, el ausentismo promedio en el gobierno central fue de 32,3 días hábiles por funcionario, una cifra que se mantiene estable. Las licencias médicas comunes explican la mayor parte de esta ausencia.
Este contexto sugiere que el fraude es un síntoma de una cultura organizacional más laxa y de sistemas de control insuficientes. La disparidad en las cifras de ausentismo entre distintas reparticiones —con aumentos en gobiernos regionales y servicios locales de educación— apunta a que la gestión de personas y el control interno son desiguales a lo largo del aparato estatal.
Hoy, el tema ha transitado desde la noticia de impacto a un proceso de introspección institucional. Los sumarios administrativos continúan su curso y la Contraloría ha anunciado que extenderá su fiscalización a las Fuerzas Armadas y de Orden (Capredena y Dipreca). En el Congreso, ya se discuten proyectos de ley para endurecer las sanciones, incluyendo la llamada "muerte cívica" para los infractores.
El escándalo de las licencias médicas ha dejado de ser una anécdota sobre el abuso de un beneficio. Se ha transformado en un espejo que refleja las grietas en la probidad, la insuficiencia de los mecanismos de control y una cultura laboral que, en ciertos sectores, ha erosionado la fe pública. La pregunta que queda en el aire ya no es cuántos más caerán, sino cómo el Estado chileno reconstruirá la confianza que se fue de viaje y, para muchos, aún no ha regresado.