La Corte Suprema mantiene en su cargo al ministro Antonio Ulloa: un quiebre que desata la ofensiva política
El 30 de septiembre de 2025, la Corte Suprema chilena protagonizó un episodio inédito que expone las tensiones y fracturas internas del Poder Judicial. Por un empate de siete votos contra siete, el máximo tribunal decidió no remover al ministro Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago, pese a las graves acusaciones de mala conducta vinculadas al cuestionado Caso Audio, que involucra favores e influencias ilegítimas con el principal imputado.
Este fallo, anunciado tras una larga sesión de deliberación, no solo mantiene a Ulloa en funciones, sino que ha desatado una ofensiva política desde el Congreso. Diputados del Partido Socialista y otras bancadas oficialistas confirmaron la presentación de una acusación constitucional en su contra, denunciando una “señal de corrupción devastadora” que mina la credibilidad del sistema judicial.
### Un tribunal dividido en dos mitades
La votación refleja una Corte Suprema profundamente fracturada. Por un lado, seis ministros —incluyendo a la ministra suplente Eliana Quezada y el presidente Ricardo Blanco— estuvieron por la remoción de Ulloa, argumentando que su conducta vulneró los principios de probidad y transparencia. En la otra vereda, seis ministros más el voto dirimente de uno, optaron por mantenerlo en el cargo, citando su historial intachable y el principio de proporcionalidad en las sanciones.
En palabras de un magistrado presente en la sesión, “fue un pleno tranquilo, con harto debate, pero tranquilo. La división refleja la complejidad del caso y la necesidad de respetar los quórums constitucionales”. Sin embargo, en los pasillos del Palacio de Tribunales, la atmósfera era de reproche y desconcierto: “La gente no va a entender por qué a unos se les saca y a otros no”.
### Voces desde la política: entre la indignación y la fiscalización
Desde el Congreso, la reacción fue inmediata y unánime en cuanto a la gravedad del fallo. El diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que “redes de favores y compromisos indebidos se impusieron por sobre la independencia y la probidad”, y advirtió que la acusación constitucional será solo el inicio de una fiscalización rigurosa a todos los actores involucrados.
La diputada Daniella Cicardini añadió que “el Poder Judicial había asumido un compromiso con la limpieza profunda y hoy ha dado una mala señal. Se instala la corrupción, la duda y la suspicacia razonable”. En tanto, Camila Musantte (IND-PPD) calificó la decisión como “una señal de impunidad”, enfatizando que la evidencia contra Ulloa es contundente y que su permanencia debilita la confianza pública.
En contraste, defensores dentro del Poder Judicial y allegados a Ulloa argumentan que la decisión respeta el debido proceso y la proporcionalidad. Su abogado, Domingo Hernández, destacó “la intachable hoja de vida” del ministro y denunció una campaña mediática que habría afectado su salud mental.
### Más allá de la polémica: consecuencias que quedan
Este episodio desnuda una crisis profunda en la institucionalidad chilena. La división en la Corte Suprema y la reacción política evidencian un choque de poderes que no solo afecta a los protagonistas, sino que interpela a toda la ciudadanía sobre la transparencia y la justicia.
La permanencia de Antonio Ulloa en el cargo, pese a las graves imputaciones, abre un debate sobre los mecanismos de control y sanción dentro del Poder Judicial. A la vez, la anunciada acusación constitucional promete prolongar la disputa y mantener la atención pública sobre un tema que impacta en la confianza democrática.
Finalmente, queda claro que este caso no es solo un enfrentamiento entre jueces y políticos, sino una batalla por la legitimidad y la ética en un sistema que debe responder a las exigencias de una sociedad cada vez más crítica y demandante.
Fuentes: La Tercera, declaraciones parlamentarias, entrevistas a magistrados y análisis institucionales posteriores al fallo.