Memoria en disputa: el caso Bernarda Vera y la fragilidad de la verdad histórica
El caso de Bernarda Vera ha emergido como un verdadero coliseo donde se enfrentan las heridas abiertas de la dictadura chilena, la política contemporánea y la frágil institucionalidad encargada de custodiar la memoria y la justicia. Bernarda Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), fue reportada como detenida desaparecida desde 1973 y figura en el Informe Rettig como una de las víctimas cuya suerte sigue siendo un misterio. Sin embargo, en 2024 el Plan Nacional de Búsqueda detectó indicios que apuntaban a que podría estar viva, residiendo en Argentina y con nacionalidad sueca otorgada en la década de 1980.
Este descubrimiento ha desatado una tormenta política y social que trasciende la mera verificación de un nombre. Para algunos sectores, especialmente en la derecha política representada por diputados de la UDI, el caso es un ejemplo de fraude y abuso de recursos estatales, por lo que solicitaron al Consejo de Defensa del Estado investigar si hubo irregularidades en el otorgamiento de pensiones a la familia. El diputado Jorge Alessandri afirmó que "se está engañando al Estado" y que se debe recuperar la confianza ciudadana.
En contraste, voces desde la izquierda y organismos de derechos humanos subrayan la complejidad y sensibilidad del asunto. La diputada Lorena Fries, exdirectora del INDH, recordó que estos casos son inevitables en procesos de memoria tan extensos y que deben ser abordados con responsabilidad para evitar alimentar el negacionismo. “La memoria no debe ser un peldaño para el negacionismo”, advirtió.
Desde el Gobierno, la subsecretaria de Derechos Humanos Daniela Quintanilla defendió la gestión estatal, detallando que las gestiones diplomáticas y judiciales se han realizado con rigor y que aún no existe certeza plena sobre la identidad de la mujer en Argentina. El ministro en visita Álvaro Mesa abrió un cuaderno de búsqueda secreto para indagar en los antecedentes y confirmar la veracidad del caso. Quintanilla enfatizó que "antes de judicializar, tenemos que tener garantías de seriedad" para proteger la dignidad de las familias involucradas.
El caso también ha impactado en el debate legislativo. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto para que el Servicio Médico Legal (SML) identifique osamentas de detenidos desaparecidos, una iniciativa impulsada en parte por la controversia que rodea a Bernarda Vera. Este proyecto, sin embargo, generó fuertes tensiones y acusaciones cruzadas sobre negacionismo y manipulación política.
En el fondo, este episodio revela la profunda fragilidad institucional que persiste en torno a la memoria de la dictadura. Como han señalado especialistas en derechos humanos, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática, no un error administrativo” y la búsqueda de verdad es un proceso continuo, que no puede ser cerrado ni instrumentalizado.
El caso Bernarda Vera desnuda las contradicciones de un país que aún no logra cerrar sus heridas. Mientras algunos buscan certezas absolutas o utilizan la duda para desacreditar la historia oficial, otros luchan por mantener viva la memoria como forma de justicia presente. La verdad, en Chile, continúa siendo un terreno en disputa donde convergen el dolor, la política y la necesidad de reparación.
Así, la historia de Bernarda Vera no solo interpela a la justicia, sino también a la sociedad chilena en su conjunto: ¿cómo construimos una memoria que sea al mismo tiempo rigurosa, humana y resistente a la manipulación? La respuesta aún está en construcción, en el desafío que enfrentan jueces, políticos, familiares y ciudadanos, en un escenario donde la historia no es un pasado cerrado, sino un presente que duele y exige compromiso.