
Un pulso judicial que trasciende la pantalla
El pasado 30 de septiembre de 2025, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por la Lotería de Concepción en contra de seis grandes empresas de telecomunicaciones —Claro, Entel, GTD, Movistar, WOM y VTR— ordenándoles bloquear decenas de sitios web de apuestas online ilegales accesibles desde Chile. Esta decisión, adoptada en fallo dividido, ha puesto en el centro del debate la tensión entre la legalidad vigente, los intereses económicos del mercado digital y las consecuencias sociales de un fenómeno en plena expansión.
Desde la perspectiva de la Lotería de Concepción, respaldada por la Superintendencia de Casinos, la operación de estas plataformas constituye una actividad ilícita que vulnera su derecho de propiedad y la regulación estricta que limita los juegos de azar a entidades autorizadas expresamente por ley, como la Polla Chilena, Lotería de Concepción, hipódromos y casinos.
“Los juegos de azar son una actividad ilícita, salvo autorización legal expresa”, señala el informe oficial que fundamenta el recurso. La Superintendencia ha derivado información sobre 194 plataformas ilegales al Ministerio Público, reflejando la magnitud del problema.
En contraposición, las empresas de telecomunicaciones han cuestionado la extensión y la forma del bloqueo, señalando que la medida no solo afecta su operatividad sino que también abre interrogantes sobre la libertad de acceso a internet y la responsabilidad en la intermediación digital.
La sentencia fue respaldada por los ministros Jean Pierre Matus, Eliana Quezada y el abogado integrante Álvaro Vidal, mientras que las ministras Mireya López y Carlos Urquieta se mostraron en contra, calificando la medida como excesiva y señalando la necesidad de un marco regulatorio más claro y actualizado para el entorno digital.
El tribunal calificó la conducta de las empresas telefónicas como “ilegal y arbitraria” al permitir el acceso a juegos de azar no autorizados, ordenando el bloqueo inmediato de los sitios señalados por la recurrente.
Este fallo no solo marca un precedente jurídico importante, sino que también pone en evidencia la complejidad de regular un mercado digital en rápida evolución y con profundas implicancias sociales. Estudios recientes estiman que el costo económico y social de las plataformas de apuestas online podría alcanzar hasta US$1.200 millones, considerando factores como la adicción, el endeudamiento y la evasión fiscal.
Desde organizaciones sociales y expertos en salud pública, se advierte que la proliferación de estas plataformas sin control puede agravar problemas de ludopatía y exclusión social, afectando principalmente a sectores vulnerables.
“El acceso irrestricto a estas plataformas genera un riesgo real para la salud mental y la estabilidad económica de muchas familias chilenas”, advierte un especialista en adicciones.
Este episodio judicial desnuda un choque entre una legislación que aún lucha por adaptarse a las nuevas tecnologías y un mercado digital que crece sin freno, con consecuencias visibles en la sociedad chilena. La Corte Suprema ha puesto un freno temporal, pero la discusión sobre cómo equilibrar derechos, responsabilidades y protección social está lejos de cerrarse.
En definitiva, la historia del bloqueo de sitios de apuestas online en Chile es una tragedia contemporánea donde juegan fuerzas legales, económicas y sociales, y donde la audiencia observa expectante cómo se despliegan las estrategias y consecuencias de un fenómeno que impacta a la ciudadanía más allá de la pantalla.
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Fuentes: La Tercera, Superintendencia de Casinos, Ministerio Público, expertos en salud pública y derechos digitales.