Acusación constitucional contra el juez Ulloa: un juicio al corazón del Poder Judicial chileno
Un juez en el ojo del huracán: el 30 de septiembre de 2025, diputados del Partido Socialista y sectores oficialistas presentaron una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Este movimiento fue la respuesta directa a un empate en la votación del Pleno de la Corte Suprema, que salvó a Ulloa de la remoción en un proceso disciplinario por sus controvertidos chats con el abogado Luis Hermosilla.
La investigación penal en curso y las denuncias públicas han puesto en jaque la imagen de un Poder Judicial que, para muchos, parece atrapado en redes de favores y compromisos indebidos. Daniel Manouchehri, diputado PS y uno de los impulsores de la acusación, afirmó que "la justicia no puede estar capturada por redes oscuras" y calificó la señal enviada por la Corte Suprema como "devastadora". La comparación con el caso de Verónica Sabaj, otra jueza sancionada por vínculos cuestionados, refuerza la percepción de desigualdad en el trato disciplinario.
Perspectivas enfrentadas emergen con fuerza. Por un lado, la acusación constitucional es vista como un acto necesario para restaurar la confianza en la justicia y exigir transparencia. Por otro, algunos sectores judiciales y políticos advierten sobre la posible politización del proceso y la amenaza que esto representa para la independencia judicial.
La diputada Camila Musante (IND-PPD) calificó la decisión de la Suprema como "una señal de impunidad", recordando que la evidencia apunta a filtraciones de resoluciones, promoción irregular de jueces y expresiones de animadversión personal por parte de Ulloa. Para ella, la permanencia del juez en el Poder Judicial es un golpe a la credibilidad institucional.
En regiones y en la sociedad civil, la controversia también ha generado debates profundos. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han manifestado preocupación por la falta de mecanismos efectivos para sancionar conductas inapropiadas en la judicatura, mientras que voces conservadoras advierten sobre la estabilidad del sistema y el respeto a la presunción de inocencia.
El contexto histórico y socioeconómico no es menor. Chile atraviesa un momento de intensos cuestionamientos a sus instituciones, con demandas ciudadanas que reclaman mayor transparencia y equidad. La crisis en el Poder Judicial se suma a otros episodios de desconfianza, reflejando una tensión entre la necesidad de reformas y el riesgo de deslegitimar órganos clave del Estado.
A más de un mes de la presentación formal de la acusación, el proceso sigue en desarrollo, con un Congreso dividido y una opinión pública expectante. La disputa pone en evidencia no solo la fragilidad de la institucionalidad judicial, sino también la complejidad de equilibrar independencia con rendición de cuentas.
Conclusiones inevitables: la permanencia de Ulloa en la Corte de Apelaciones simboliza un desafío mayor para la justicia chilena. No se trata solo de un caso individual, sino de la salud de un sistema que debe responder a la ciudadanía con integridad y transparencia. La acusación constitucional, más que una condena anticipada, es un llamado a la reflexión profunda sobre cómo se construyen y protegen las garantías democráticas en el país.
En este escenario, la mirada crítica y plural es indispensable. Reconocer las tensiones entre independencia judicial y control político, las demandas ciudadanas y las cautelas institucionales, es el primer paso para entender que la justicia no es un monolito, sino un campo de batalla donde se enfrentan intereses, valores y esperanzas.
Fuentes consultadas: La Tercera, declaraciones públicas de diputados Daniel Manouchehri y Camila Musante, informes del Poder Judicial, análisis de organizaciones de derechos humanos y seguimiento legislativo al proceso de acusación constitucional.