Controversia y desconfianza en torno al Plan Nacional de Búsqueda: La UDI exige fiscalización tras el caso Bernarda Vera

Un caso que sacude la memoria y la política

El 30 de septiembre de 2025, la bancada de la UDI presentó un oficio en la Contraloría General de la República solicitando una fiscalización exhaustiva del Plan Nacional de Búsqueda y reparaciones, tras el polémico caso de Bernarda Vera Contardo. Esta mujer, incluida en el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada, fue reportada viviendo en Argentina, lo que desató una oleada de cuestionamientos sobre la gestión estatal y la efectividad de las políticas de reparación.

"La bancada no va a dormir hasta que esté recuperado cada peso", advirtió el diputado Jorge Alessandri, líder de la ofensiva política que busca no sólo esclarecer el caso Vera, sino también revisar testimonios de las comisiones Rettig y Valech.

Divergencias políticas y sociales: un choque de narrativas

Desde la derecha política, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas se plantea con fuerza. La UDI acusa al ministro Luis Cordero de falta de información y de no comunicar oportunamente a la ciudadanía sobre irregularidades detectadas por la Policía de Investigaciones (PDI). En paralelo, se impulsa la idea de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) inicie acciones legales que permitan recuperar fondos y sancionar posibles fraudes.

En contraposición, desde el Gobierno y la subsecretaría de Derechos Humanos, la postura es de cautela y defensa del proceso investigativo. Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos, afirmó que "el Plan Nacional de Búsqueda está en curso, con diligencias que buscan confirmar la identidad de Bernarda Vera y reconstruir las trayectorias de las 1.469 víctimas". Además, insistió en que no existen evidencias de otros casos similares y que cualquier irregularidad será investigada con la máxima rigurosidad.

En el plano social, esta controversia reabre heridas profundas. Para organizaciones de derechos humanos, el caso Vera representa un doble desafío: por un lado, la necesidad de proteger la memoria y dignidad de las víctimas; por otro, evitar que la politización del tema derive en desconfianza hacia las instituciones encargadas de la reparación histórica.

Contexto histórico y consecuencias visibles

El Plan Nacional de Búsqueda fue implementado para dar respuesta a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar, un tema que ha marcado la agenda política y social de Chile por décadas. Sin embargo, la aparición de casos como el de Bernarda Vera, cuya identidad y situación actual están en disputa, pone en evidencia las dificultades de un proceso que combina justicia, memoria y reparación.

Desde su creación, el plan ha enfrentado críticas por su lentitud, falta de recursos y dificultades para acceder a información confidencial o clasificada. La solicitud de la UDI para revisar testimonios reservados y crear una supuesta "comisión de hombres sabios" refleja la tensión entre la transparencia y la protección de fuentes, un debate que no es exclusivo de Chile, sino que se repite en procesos de memoria histórica en todo el mundo.

Verdades y conclusiones

A casi dos meses del estallido del caso Bernarda Vera, queda claro que la controversia no se limita a un episodio aislado, sino que es un síntoma de problemas estructurales en la política de reparación y búsqueda de desaparecidos.

Se constata que:

- La política de reparación enfrenta un desafío de credibilidad, exacerbado por la politización y la falta de comunicación clara.

- Las instituciones estatales, aunque comprometidas oficialmente, deben mejorar sus mecanismos de fiscalización y transparencia para evitar desconfianzas.

- La sociedad chilena sigue dividida entre la urgencia de justicia y la complejidad que implica reconstruir memorias heridas y fragmentadas.

Este episodio invita a una reflexión profunda sobre cómo Chile construye su memoria colectiva y cómo las heridas del pasado continúan condicionando su presente político y social. La búsqueda de la verdad y la justicia, lejos de ser un proceso lineal, es un terreno de disputas donde convergen intereses, emociones y responsabilidades.

Fuentes: Cooperativa.cl (2025-09-30), declaraciones oficiales de la Subsecretaría de Derechos Humanos, análisis de organizaciones de derechos humanos y seguimiento legislativo.