La Suprema en jaque: la batalla voto a voto que definió el destino del ministro Antonio Ulloa
El escenario estaba listo para un duelo sin cuartel. El pleno de la Corte Suprema, compuesto por 14 ministros, se enfrentó a la decisión más delicada en años recientes: determinar si el ministro Antonio Ulloa debía ser removido del Poder Judicial tras un proceso disciplinario por mala conducta. El 25 de agosto de 2025 se abrió formalmente el cuaderno de remoción contra Ulloa, luego de que se revelaran contactos comprometidos con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audio.
Esta historia no es solo la caída o salvación de un juez, sino el reflejo de una judicatura en tensión, dividida y bajo una presión inédita. Para expulsar a Ulloa, se requerían al menos 11 votos, una mayoría calificada que, a medida que avanzaba la sesión, parecía más difícil de alcanzar.
Un tribunal partido: posturas irreconciliables
La Suprema se fracturó en bloques que parecían más irreconciliables que nunca. Por un lado, ministros como Manuel Valderrama, María Teresa Letelier, Adelita Ravanales y Diego Simpértigue defendían la postura de no abrir el cuaderno de remoción, argumentando que los antecedentes eran insuficientes para una sanción tan grave. Estos magistrados expresaron un enfoque más conservador y cauteloso, buscando proteger la estabilidad institucional y evitar una posible cacería de brujas.
En contraste, la Sala Laboral mostró una postura severa y sin concesiones. Ministras como Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y Mireya López, junto con el presidente del tribunal, Ricardo Blanco, impulsaron la remoción, bajo la bandera de "limpiar la casa" y recuperar la confianza pública en la justicia. Para ellas, las evidencias de favores e influencias cruzadas eran un atentado directo a la independencia judicial.
La Sala Civil: el voto pendular y la presión decisiva
El punto neurálgico fue la Sala Civil, donde cinco ministros tenían la llave para inclinar la balanza. Arturo Prado y María Eliana Quezada estaban a favor de la remoción, mientras que Mauricio Silva, María Angélica Repetto y María Soledad Melo se mostraban reticentes. En particular, el voto de Silva se volvió legendario: había sido el único que en un caso anterior se opuso a la remoción de la exministra Verónica Sabaj, también involucrada en escándalos relacionados con Hermosilla.
Fuentes cercanas a la Suprema revelan que Repetto y Melo quedaron en una suerte de limbo, sometidas a una intensa presión para redefinir su postura. El resultado de esta tensión fue un empate técnico: siete votos a favor y siete en contra de la remoción.
Consecuencias y enseñanzas: más que un simple fallo
Este empate no es un mero dato estadístico. Según el artículo 80 de la Constitución, se necesita mayoría absoluta para remover a un ministro, por lo que Ulloa permaneció en su cargo. Pero el episodio expuso las profundas divisiones internas y la fragilidad de la institucionalidad judicial frente a casos de corrupción y mala conducta.
Desde el mundo político, algunos sectores interpretan la decisión como un signo de resistencia del Poder Judicial a someterse a controles externos, mientras otros la ven como una garantía de independencia y protección contra persecuciones políticas.
Para la ciudadanía, este desenlace ha generado una mezcla de desconfianza y escepticismo hacia la justicia. La sensación de impunidad y la percepción de que las redes de influencia pueden salvar a un magistrado cuestionado afectan la legitimidad del sistema.
Miradas en disputa
- Desde la derecha política, se valoró la cautela del tribunal y se advirtió sobre los riesgos de decisiones apresuradas que puedan desestabilizar el Poder Judicial.
- La izquierda y movimientos sociales criticaron el resultado, señalando que la justicia se protege a sí misma y que la presión ciudadana debe aumentar para reformas profundas.
- Expertos en derecho constitucional han subrayado la necesidad de revisar los mecanismos de remoción y fortalecer la transparencia en estos procesos disciplinarios para evitar que queden en manos de equilibrios políticos internos.
Conclusión: un tribunal en la cuerda floja
La saga de Antonio Ulloa es un espejo de las dificultades que enfrenta la justicia chilena para autoregularse en medio de escándalos que ponen en jaque su credibilidad. La lucha voto a voto no solo definió el destino de un ministro, sino que abrió una grieta que urge ser reparada con reformas estructurales y un debate público informado.
En definitiva, la Suprema mostró que no es un bloque monolítico, sino un espacio donde conviven tensiones, intereses y visiones contrapuestas. El desafío será construir desde esa diversidad una justicia que inspire confianza y no temor, que sea garante de derechos y no refugio de privilegios.
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Fuentes: La Tercera (30-09-2025), análisis de expertos constitucionalistas, entrevistas a magistrados y seguimiento del proceso disciplinario.