
Un coliseo político en llamas. A pocos días de la elección presidencial, la arena se ha llenado de acusaciones, escándalos y promesas que buscan recuperar la confianza en un sistema judicial cuestionado. El Caso Audios y la llamada "trama bielorrusa" han puesto en jaque a la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones de Santiago, con la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa como epicentro. El ruido no es solo judicial, sino político, y las candidaturas que lideran las encuestas se ven forzadas a definir sus posturas frente a un sistema que muchos ven en crisis.
Jeannette Jara, candidata oficialista, ha puesto sobre la mesa una reforma constitucional para crear un Consejo de Nombramientos Judiciales que asegure la selección basada en mérito, probidad e independencia. Su discurso apela a la transparencia y a la ruptura con las prácticas que han permitido la impunidad.
En contraposición, Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos, denuncia una red de corrupción que, en sus palabras, requiere una investigación especial y un cambio radical en la designación de ministros y conservadores. Su propuesta incluye vigilancia tecnológica avanzada y una reforma profunda de la gestión pública para evitar que "jueces vendan fallos".
Por su parte, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, propone un sistema de sorteo para la selección de ministros, buscando eliminar la discrecionalidad y fortalecer la transparencia mediante un proceso público y técnico. Esta idea, aunque disruptiva, genera debate sobre la viabilidad y la tradición jurídica chilena.
Finalmente, José Antonio Kast, candidato republicano, se compromete a fortalecer instituciones como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con inteligencia artificial y cooperación internacional, además de implementar una política de "tolerancia cero" frente a la corrupción, reforzando el control presupuestario y la fiscalización municipal.
La ciudadanía observa con escepticismo y cansancio estos movimientos. En regiones, donde la justicia a menudo se percibe más distante, las demandas por una justicia efectiva y transparente resuenan con fuerza. Organizaciones sociales y expertos en derechos humanos advierten que las reformas deben ir más allá de los nombramientos y abordar la cultura institucional y la protección de los derechos fundamentales.
Primero, la justicia chilena enfrenta una crisis de legitimidad que ningún candidato puede ignorar. Segundo, las propuestas reflejan no solo diferencias políticas, sino también visiones distintas sobre cómo se debe administrar la justicia y qué peso darle a la independencia versus la transparencia y control social.
Por último, la discusión ha puesto en evidencia que la solución no es única ni sencilla. La tensión entre tradición y renovación, entre tecnocracia y participación ciudadana, seguirá siendo un eje central en los próximos años. Mientras tanto, los ciudadanos quedan como espectadores de un drama donde la justicia, el poder y la política se enfrentan en un escenario que define el futuro de Chile.
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Fuentes consultadas: Diario Financiero, declaraciones oficiales de candidatos, análisis de expertos en derecho y sociedad civil.
2025-11-09