Cámara aprueba la “Ley Tommy Rey”: artistas intérpretes logran reconocimiento económico histórico en la era digital

Un clamor que tardó décadas en ser escuchado finalmente encontró su respuesta en la Cámara de Diputados. El pasado 3 de noviembre, la Sala aprobó con 124 votos a favor y solo 3 abstenciones la llamada “Ley Tommy Rey”, que reconoce a los artistas intérpretes y ejecutantes un derecho irrenunciable e intransferible a percibir remuneración por la reproducción de sus obras en plataformas digitales. Esta normativa modifica la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, y representa un avance sin precedentes en la protección de quienes dan vida a la música, pero que hasta ahora quedaban fuera del reparto económico generado por la era digital.

Un reconocimiento con nombre propio

La ley lleva el nombre del fallecido Patricio Zúñiga Jorquera, más conocido como Tommy Rey, emblemático exponente de la cumbia chilena. Como recordó la diputada Marta González, autora de la iniciativa, “hoy se salda una deuda de décadas con los intérpretes”. En vida, Tommy Rey y muchos otros músicos vieron cómo sus interpretaciones eran reproducidas masivamente en plataformas como Spotify o YouTube, pero sin recibir un peso por ello, pues hasta ahora solo se pagaban derechos de autor, no derechos de intérprete.

La ley establece que, incluso después de ceder derechos patrimoniales a productores, los artistas conservarán el derecho a una remuneración justa por la puesta a disposición de sus interpretaciones.

Voces enfrentadas en el escenario legislativo

La aprobación no estuvo exenta de debates y tensiones. Por un lado, la Sociedad Chilena de Derechos de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), liderada por Rodrigo Osorio (“Don Rorro”), celebró el respaldo masivo y destacó la movilización histórica de los músicos nacionales para lograr este avance. “Si nosotros no nos movemos, no pasa nada. Hoy los músicos chilenos están más unidos que nunca para defender sus derechos, especialmente frente a desafíos como la inteligencia artificial”, advirtió Osorio.

En contraste, algunas voces críticas señalaron que la implementación práctica de la ley podría chocar con intereses de las plataformas digitales y productores, que históricamente han resistido mayores costos asociados a la remuneración de intérpretes. Además, se advierte que la regulación deberá enfrentar el desafío de fiscalizar y garantizar el cumplimiento efectivo, evitando que la ley quede solo en el papel.

Impacto regional y social: ¿un paso hacia la justicia cultural?

Este avance legislativo es especialmente significativo en un país donde la música popular, desde la cumbia hasta el folklore, ha sido un vehículo fundamental de identidad cultural y social. La ley no solo busca reparar injusticias económicas, sino también dignificar la labor artística y reconocer el valor simbólico de quienes interpretan y transmiten la cultura nacional.

Sin embargo, la medida también abre interrogantes sobre la equidad en la industria musical, la distribución de recursos y el rol del Estado en proteger a los creadores en un mercado cada vez más globalizado y digitalizado.

Conclusiones y desafíos futuros

La aprobación de la Ley Tommy Rey marca un hito en la legislación cultural chilena, cerrando una brecha histórica en la protección de los derechos de intérpretes y ejecutantes. Se constata que la música no es solo un bien cultural, sino también un activo económico que exige justicia y actualización legal en tiempos digitales.

No obstante, la ley es solo el inicio de un camino complejo. Su éxito dependerá de la voluntad política para acompañar su tramitación en el Senado, la capacidad de las entidades de gestión colectiva para administrar estos nuevos derechos, y la vigilancia ciudadana para que se traduzca en beneficios reales para los artistas.

Finalmente, el debate pone en escena tensiones profundas entre innovación tecnológica, derechos culturales y justicia social, invitando a una reflexión más amplia sobre cómo Chile valora y protege a quienes hacen vibrar su identidad sonora.

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Fuentes: La Tercera, declaraciones de diputada Marta González, Sociedad Chilena de Derechos de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), análisis legislativo y testimonios de artistas nacionales.