Demora en desafuero de Calisto: la Corte Suprema pospone la resolución definitiva y deja en suspenso su futuro político

En un escenario donde la justicia y la política se entrelazan con consecuencias imprevisibles, el caso del diputado Miguel Ángel Calisto ha entrado en una etapa de incertidumbre que trasciende la mera tramitación judicial. El 29 de septiembre de 2025, la Corte Suprema ratificó por mayoría el desafuero de Calisto en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco. Sin embargo, a más de cinco semanas de ese fallo, el texto definitivo que formaliza la decisión aún no ha sido notificado al Congreso, postergando su aplicación efectiva hasta después de las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre.

Este retraso administrativo, que rompe con la práctica habitual en casos similares, ha generado suspicacias y debates en los pasillos del poder. Mientras otros desafueros recientes se notificaron en menos de una semana, el de Calisto permanece en un limbo jurídico que ha encendido las alarmas sobre posibles motivaciones políticas y sobre la operatividad del sistema.

El diputado, quien renunció a la Democracia Cristiana para postular como senador por la Federación Regionalista Verde Social (Frevs), se encuentra en una encrucijada constitucional. Pese a estar desaforado en su actual calidad de diputado, Calisto mantiene sus derechos políticos intactos para votar y ser candidato, lo que le permite presentarse a una elección para la que goza de favoritismo.

Esta situación abre un debate jurídico crucial: ¿qué ocurre si Calisto es electo senador mientras su desafuero como diputado sigue en trámite? Por un lado, sus cercanos sostienen que el fuero parlamentario se restituiría desde el día de la elección, protegiéndolo de cualquier persecución judicial. Por otro, la Fiscalía Nacional y la Secretaría General de la Cámara aseguran que el desafuero vigente se mantiene y que no recuperaría sus derechos políticos ni su inmunidad, incluso si es electo.

Además, la Secretaría General del Senado aún no ha emitido un pronunciamiento formal, a la espera de definiciones del Tribunal Calificador de Elecciones y del propio Poder Judicial. La complejidad aumenta porque el desafuero fue notificado a la Cámara de Diputados, y no al Senado, lo que deja un vacío institucional sobre cómo proceder en caso de que Calisto asuma como senador.

Desde el Poder Legislativo, la demora ha sido recibida con inquietud y críticas. Legisladores de diversas bancadas han señalado que esta postergación afecta la transparencia y la confianza ciudadana, especialmente en un contexto electoral donde la percepción de impunidad puede erosionar la legitimidad democrática.

En paralelo, la defensa de Calisto denuncia una persecución política detrás del proceso judicial, mientras que la Fiscalía insiste en que la investigación y el desafuero son procedimientos legales necesarios para garantizar la justicia y la probidad pública.

Este caso, que recuerda episodios similares en la historia reciente de Chile, pone en evidencia un vacío normativo y una tensión entre las instituciones que podría requerir reformas legales para evitar que futuros conflictos paralicen o desvirtúen el ejercicio del poder político.

“El hecho de que candidatos a diputados y/o senadores enfrenten procesos judiciales en curso, con los respectivos desafueros ya aprobados, no impide que la Fiscalía siga la persecución penal y no obliga a solicitar nuevamente el desafuero en caso de ser elegidos”, declaró la Fiscalía Nacional ante consultas periodísticas.

Por su parte, en la Cámara se sostiene que un diputado desaforado no puede ejercer su cargo ni recibir dietas, pero la situación es inédita para un candidato que cambia de cámara legislativa en medio de un proceso judicial.

En suma, el caso Calisto no solo es un desafío jurídico, sino un espejo de las tensiones políticas y constitucionales que atraviesa Chile en un momento clave de su democracia. La demora en la resolución final y la ambigüedad sobre el ejercicio de derechos políticos evidencian un sistema que aún debe encontrar mecanismos claros para resolver estos dilemas sin sacrificar la justicia ni la representación ciudadana.

Para los ciudadanos, académicos y actores políticos, este episodio invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las reglas del juego democrático y la independencia institucional, para evitar que la política y la justicia se conviertan en un escenario de incertidumbre y desgaste institucional.