Ataque en la Corte de Apelaciones de Arica: Un funcionario judicial muerto y otro gravemente herido tras un episodio marcado por la salud mental
El jueves 13 de noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Arica fue escenario de un episodio dramático que terminó con un funcionario abatido y otro gravemente herido. La violencia irrumpió en un recinto que, por definición, debe ser un espacio de orden y justicia.
El agresor, identificado como Juan Verdejo, trabajador administrativo del tribunal, atacó con un cuchillo a Raúl Marchant Lira, administrador de la Corte, causándole heridas graves. El ataque ocurrió en medio de una confrontación motivada por la ausencia injustificada del agresor durante 15 días laborales, sin licencia médica ni justificación formal.
Tras el ataque, personal de Carabineros y Gendarmería, que se encontraba en el lugar, intervino y disparó al agresor en ocho ocasiones, provocando su muerte en el segundo piso del edificio. Testigos reportaron al menos una docena de disparos, lo que refleja la tensión y el peligro vivido en esos minutos.
Salud mental y ausencia laboral: la raíz del conflicto
El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, ha señalado que el agresor estaba "fuera de sí" y que existía un problema psicológico relevante, lo que se suma a antecedentes de licencia psiquiátrica vigente que el funcionario tenía y que terminó el mismo día del ataque.
"Acá había una persona fuera de sí, con un tema de salud mental", afirmó el fiscal, quien también destacó que el hombre no ingresó al tribunal con el arma, sino que la tomó desde las cocinas del propio edificio. Esto plantea cuestionamientos sobre los protocolos internos de seguridad y el manejo de riesgos en espacios laborales sensibles.
Voces en tensión: distintas miradas sobre el episodio
- Desde el Poder Judicial, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, María Verónica Quiroz Fuenzalida, expresó su consternación y anunció medidas de apoyo y contención para los funcionarios afectados, además de colaborar con las investigaciones.
- El alcalde de Arica, Orlando Vargas, destacó la gravedad de la situación y apuntó a la necesidad de reforzar las políticas públicas en salud mental, especialmente en entornos laborales con alta presión.
- Por otro lado, sectores de trabajadores judiciales han manifestado preocupación por las condiciones laborales y la falta de acompañamiento psicológico, que podrían haber contribuido a la escalada del conflicto.
- Expertos en salud mental y seguridad laboral advierten que este caso expone la fragilidad de los protocolos para detectar y manejar situaciones de riesgo psicosocial en instituciones públicas.
Consecuencias y reflexiones
Este incidente en la Corte de Apelaciones de Arica no solo deja un saldo trágico, sino que también abre un debate profundo sobre la salud mental en el trabajo, la seguridad en instituciones estatales y la respuesta policial ante situaciones de violencia interna.
Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles precisos del ataque y evaluar posibles responsabilidades administrativas y penales. Mientras tanto, la comunidad judicial y la ciudadanía observan con preocupación cómo un espacio dedicado a impartir justicia se vio atravesado por un episodio de violencia extrema y descontrol.
En definitiva, este caso invita a repensar el cuidado integral de los funcionarios públicos, la prevención de crisis y la necesidad de protocolos claros y efectivos para proteger tanto a trabajadores como a usuarios de la justicia en Chile.