Puerto Montt enfrenta la persistencia del juego ilegal y la violencia de género: dos crisis que revelan grietas profundas
Puerto Montt, una ciudad que se precia de su belleza natural y pujanza regional, se ha visto en los últimos meses en el ojo de una tormenta social que combina dos fenómenos que no solo conviven sino que se retroalimentan en el entramado urbano: el juego ilegal y la violencia de género.
El 28 de septiembre, la municipalidad clausuró un casino ilegal en pleno centro de la ciudad, tras un operativo conjunto con Carabineros que incautó 86 máquinas tragamonedas y más de 7 millones de pesos en efectivo. Este local, que operaba a pesar de haber sido cerrado en 2007 y acumulado más de 50 infracciones desde 2019 por violar la clausura, simboliza la persistencia de una actividad clandestina que desafía la ley y pone en jaque la seguridad y el orden público.
El alcalde Rodrigo Wainraihgt, en su discurso, enfatizó que "lo ilegal e ilícito no se va a permitir en Puerto Montt", marcando un giro en la política municipal hacia la erradicación definitiva de estos espacios. Sin embargo, la reiteración de infracciones y reaperturas sugiere que la lucha contra este tipo de comercio informal es más compleja que un simple operativo policial.
Por otro lado, apenas dos días antes, una mujer de 29 años fue víctima de un femicidio frustrado en la Avenida Gabriela Mistral, siendo atacada en plena vía pública por un hombre de 36 años. La rápida intervención de transeúntes y Carabineros permitió detener al agresor y salvar la vida de la víctima, pero el episodio desnudó la fragilidad de la seguridad para las mujeres en espacios urbanos.
La violencia de género en Puerto Montt no es un fenómeno aislado. Activistas y organizaciones feministas han denunciado reiteradamente la insuficiente protección estatal y la falta de políticas públicas integrales para prevenir y atender estos casos. Desde el sector político, las reacciones oscilan entre llamados a endurecer las penas y demandas por un enfoque más preventivo y comunitario.
Esta dualidad de crisis —la ilegalidad persistente del juego y la violencia machista— refleja tensiones profundas en la ciudad. Para algunos sectores, el combate contra el comercio ilegal es un paso hacia la recuperación del espacio público y la seguridad ciudadana. Para otros, la prioridad debe estar en construir redes de apoyo y políticas sociales que aborden las raíces de la violencia y la marginalidad.
Además, la clausura de casinos ilegales no solo afecta a quienes operan en la ilegalidad, sino que también impacta en pequeños comerciantes y trabajadores informales que ven en estos espacios una fuente de ingresos, lo que añade una capa de complejidad socioeconómica a la discusión.
En definitiva, Puerto Montt se encuentra ante un desafío que va más allá de la acción policial o administrativa. Como señala la directora de Seguridad Pública, Soledad Escobar, "la clausura definitiva es inédita, pero debe ir acompañada de estrategias integrales para evitar la reaparición". Y en el caso de la violencia de género, la urgencia es aún mayor: no solo detener a los agresores, sino transformar las condiciones que permiten que estos ataques ocurran.
La lectura más clara que deja esta convergencia de hechos es que la seguridad, el orden público y la justicia social en Puerto Montt están en un punto de inflexión. Las verdades que emergen son dolorosas pero necesarias: la ilegalidad y la violencia son síntomas de problemas estructurales que requieren respuestas coordinadas, multidimensionales y sostenidas en el tiempo.
Mientras tanto, la ciudadanía observa y espera que las acciones sean más que gestos simbólicos, que las instituciones se fortalezcan y que el espacio público, tan vital para la vida comunitaria, recupere su condición de lugar seguro y justo para todos y todas.