Voto obligatorio en Chile: ¿cumplimiento, controversias y real impacto tras las elecciones de noviembre 2025?

Un nuevo capítulo en la historia electoral chilena se escribió el pasado 16 de noviembre, cuando por primera vez desde la reinstauración del voto obligatorio en 2022, y tras la reciente implementación de multas, la ciudadanía acudió masivamente a las urnas. El Servicio Electoral (Servel) reportó una participación cercana al 85% del padrón, cifra que marca un notable aumento respecto a las elecciones anteriores bajo voto voluntario. Esta realidad, sin embargo, no ha disipado las tensiones políticas y sociales que rodean la obligatoriedad del sufragio y sus sanciones, sino que las ha profundizado y complejizado.

El escenario legal y su implementación

Tras una tramitación legislativa accidentada, la ley que establece multas económicas para quienes no sufraguen y para los vocales de mesa ausentes fue despachada en octubre de 2025. Las multas por no votar oscilan entre 0,5 y 1,5 UTM (aproximadamente entre 30.000 y 103.000 pesos), mientras que las multas por inasistencia como vocal de mesa van desde 2 hasta 8 UTM (138.000 a 550.000 pesos). La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, ha enfatizado que estas sanciones buscan fortalecer el compromiso cívico y asegurar la integridad del proceso electoral.

No obstante, la aplicación de estas multas ha sido objeto de crítica y análisis. El abogado Hernán Larraín denunció una “hipocresía” en la discusión legislativa, apuntando a que la ley discrimina entre chilenos y extranjeros con derecho a voto, al eximir a estos últimos de sanciones, lo que vulnera principios de igualdad jurídica. Por su parte, sectores oficialistas manifestaron temores sobre el impacto negativo en su electorado, especialmente entre votantes “disgustados y apáticos”.

Diversidad de perspectivas: entre deber cívico y conveniencia política

En el terreno político, la medida fue celebrada por algunos como un avance democrático. El abogado Jorge Gacitúa destacó que la imposición de multas es “una victoria del sentido común” y un paso para fortalecer la democracia, más allá de cálculos electorales coyunturales. En contraste, voces críticas han señalado que la obligatoriedad con sanciones puede generar resentimiento y no necesariamente una participación reflexiva, sino más bien una asistencia mecánica.

Desde el análisis académico, el economista Francisco Pino aportó una mirada basada en evidencia internacional: “Establecer voto obligatorio sin multa podría aumentar la participación desde un 47% a un 54%, y con multa creíble, hasta un 60%”. Chile, con un 85% de participación en esta elección, supera estas proyecciones, aunque la comparación debe matizarse por factores locales y el contexto político.

La franja electoral y la emocionalidad del voto

El voto obligatorio también ha revitalizado la atención sobre la franja electoral y la campaña televisiva, que, según el analista Marco Moreno, funciona hoy más como un “gatillante emocional” que como un espacio de persuasión racional. “Las elecciones son cada vez más plebiscitos emocionales”, afirmó Moreno, destacando la importancia de las emociones y narrativas en un electorado obligado a votar, pero volátil.

Consecuencias visibles y desafíos pendientes

La implementación del voto obligatorio con multas ha provocado una catarsis pública: un país dividido entre quienes valoran la restauración de un deber cívico con consecuencias tangibles y quienes denuncian una medida que puede profundizar desigualdades y tensiones sociales. La alta participación electoral evidencia un cambio en el comportamiento ciudadano, pero también ha puesto en evidencia resistencias y cuestionamientos éticos y jurídicos.

Queda por ver si esta nueva etapa electoral logra consolidar una cultura democrática más activa y reflexiva o si, por el contrario, se traduce en una participación más formal que no garantice un compromiso político profundo. La discusión sobre la equidad de las multas, la inclusión de extranjeros y el impacto de la emocionalidad en el voto seguirá siendo central en la agenda pública chilena.

En definitiva, el voto obligatorio ha dejado de ser un mero concepto constitucional para convertirse en un campo de batalla político, social y cultural, donde se enfrentan intereses, valores y visiones de país. El desafío para Chile será transitar desde la obligación hacia una participación consciente, informada y crítica.

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Fuentes: Servicio Electoral (Servel), Cooperativa.cl, CIPER Chile, La Tercera.