
Un año y medio después del inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, el saldo humano supera las 66.000 muertes palestinas, según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad gazatí. Desde el 7 de octubre de 2023, la escalada bélica ha dejado una devastación que trasciende los números: heridas abiertas en la sociedad palestina y en la política regional.
La ofensiva, que comenzó tras el ataque de Hamas a Israel, ha evolucionado en un conflicto marcado por la persistencia de la violencia, la ruptura de altos al fuego y la imposibilidad de alcanzar acuerdos duraderos. El 18 de marzo de 2025, Israel rompió un alto al fuego pactado en enero, relanzando la ofensiva y disparando las cifras de víctimas.
Desde la mirada israelí, la operación se justifica como una acción de defensa ante amenazas constantes y ataques de Hamas. “Garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos es una prioridad innegociable”, declaró un portavoz del gobierno israelí en abril de 2025. Esta postura encuentra eco en sectores internacionales que priorizan la lucha contra grupos considerados terroristas.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y gobiernos de países latinoamericanos han condenado la ofensiva por el alto costo civil y las condiciones en que se desarrollan los ataques. Amnistía Internacional ha denunciado el uso desproporcionado de la fuerza y ha pedido investigaciones independientes. La sociedad palestina, atrapada en un enclave asediado, sufre no solo la violencia directa, sino también las consecuencias del bloqueo, la falta de acceso a servicios básicos y la crisis humanitaria.
La ofensiva ha generado una crisis humanitaria de proporciones inéditas. Más de 168.000 heridos, miles de desplazados internos y un sistema de salud colapsado son parte del escenario actual. Los bloqueos y restricciones han agravado la malnutrición y la falta de tratamientos médicos, como lo evidencia la muerte de un bebé de dos meses y medio por falta de atención adecuada.
En América Latina, el conflicto ha generado debates intensos sobre la postura política frente a Israel y Palestina. Gobiernos y movimientos sociales han expresado solidaridad con la población palestina, mientras que otros sectores llaman a un diálogo que incluya la seguridad israelí. Esta disonancia refleja las complejidades de un conflicto que, aunque lejano geográficamente, resuena en las agendas políticas y sociales de la región.
Tras más de un año y medio de confrontación, la ofensiva israelí en Gaza deja claras verdades: la violencia sostenida no ha logrado resolver el conflicto, sino que ha profundizado las heridas y aumentado el sufrimiento civil. Las cifras oficiales y testimonios coinciden en que la población palestina es la principal víctima.
Además, la persistencia del conflicto evidencia la fragilidad de los mecanismos internacionales para mediar y proteger a civiles en zonas de guerra. La ruptura de altos al fuego y la escalada reiterada muestran la ausencia de voluntad política o capacidad para avanzar hacia una solución pacífica.
El desafío para la comunidad internacional y los actores regionales será cómo transformar esta tragedia en una oportunidad para el diálogo y la reconstrucción, evitando que la historia se repita y que el número de víctimas siga aumentando.
Este conflicto, con todas sus aristas y complejidades, invita a una reflexión profunda sobre las consecuencias de las guerras prolongadas y la necesidad de enfoques que prioricen la vida y la dignidad humana por sobre objetivos políticos inmediatos.