Presupuesto 2026 y Vivienda Social: El choque entre promesas, recortes y tensiones políticas

Una batalla presupuestaria que revela grietas profundas en la izquierda chilena y pone en jaque la respuesta a la crisis habitacional.

A inicios de noviembre de 2025, el Ministerio de Vivienda anunció recortes en partidas destinadas a la compra de terrenos para nuevas viviendas sociales dentro del Presupuesto 2026. Este ajuste ha encendido las alarmas en sectores políticos y sociales, especialmente en la figura de Jeannette Jara, candidata presidencial oficialista y exministra del área, quien no dudó en criticar duramente la medida.

“No estoy para nada de acuerdo en las reducciones que se hacen en temas de vivienda y menos que se estén traspasando cuentas de un año para otro. Eso es un tema de gestión que el ministerio debió haber visto oportunamente”, afirmó Jara en una conferencia de prensa, poniendo el foco en la urgencia de asegurar recursos para enfrentar la grave crisis habitacional que persiste en el país.

Pero esta controversia no solo es técnica o financiera; se ha convertido en un escenario donde se enfrentan distintas visiones dentro del oficialismo. El exministro de Hacienda Mario Marcel, quien se ha declarado votante de Jara, expresó públicamente sus aprensiones sobre el rol del Partido Comunista (PC) en un eventual gobierno de la candidata.

“Voy a votar por Jeannette Jara, pero lo haré con una aprensión respecto de cuál sería el rol del Partido Comunista en un eventual gobierno suyo”, señaló Marcel, recordando las tensiones políticas generadas por la Convención Constitucional y la ausencia de autocrítica por parte del PC tras el rechazo ciudadano al proyecto constitucional.

Este desencuentro se refleja también en la gestión del Ministerio de Vivienda, liderado por Carlos Montes (PS), donde Jara ha reprochado la falta de previsión en la administración de fondos y la decisión de traspasar partidas presupuestarias, lo que podría complicar la ejecución de programas sociales clave.

En paralelo, la reconstrucción de las viviendas afectadas por el mega incendio en Viña del Mar sigue siendo un punto crítico, con Jara insistiendo en la necesidad de reponer la glosa de libre disposición para acelerar el proceso.

Desde el punto de vista social, organizaciones y expertos advierten que estos recortes y disputas políticas no solo retrasan proyectos, sino que agravan la precariedad habitacional de miles de familias, en un país donde la demanda de vivienda digna supera largamente la oferta estatal.

“La crisis de vivienda no se acaba con este gobierno, por el contrario, y cuando asuma como presidenta quiero que la crisis siga reduciéndose y no ampliándose”, declaró Jara, en un intento por recuperar confianza ante un electorado preocupado.

Por su parte, Marcel también ha cuestionado las propuestas económicas de la derecha, como el ajuste fiscal planteado por José Antonio Kast, calificándolo de inviable y señalando que más del 85% del gasto público está fijado por ley, lo que limita la capacidad de recortes abruptos.

Este escenario muestra un tablero político fragmentado, donde la izquierda oficialista enfrenta sus propias divisiones internas, mientras la derecha apuesta por un discurso de ajuste y austeridad que no convence a sectores técnicos ni sociales.

Verdades y consecuencias

La discusión sobre el Presupuesto 2026 y la vivienda social es mucho más que una pelea por cifras: es el reflejo de una crisis estructural que atraviesa a Chile. La tensión entre la urgencia social y las limitaciones administrativas y políticas ha quedado al desnudo, evidenciando que las soluciones requieren no solo recursos, sino también acuerdos claros y gestión eficiente.

Además, la disputa interna en la coalición oficialista, especialmente entre figuras como Jara y Marcel, anticipa un escenario electoral y de gobierno complejo, donde las alianzas y las desconfianzas podrían condicionar la capacidad de acción.

Finalmente, la ciudadanía enfrenta un dilema: confiar en promesas que aún no se materializan o exigir cambios profundos en la forma de hacer política y administrar el gasto público, para responder a una demanda social que no puede esperar más.

Las próximas semanas serán decisivas para ver si estas diferencias se traducen en acuerdos que permitan avanzar o si, por el contrario, la crisis habitacional y la desconfianza política se profundizan aún más.