Derechos Humanos en la Agenda Electoral: Un Llamado que Resuena Más Allá de las Promesas: ¿Qué Cambios Reales se Vislumbran?

A menos de una semana para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, que agrupa a 25 organizaciones, lanzó el 13 de noviembre un llamado urgente a los candidatos para que incorporen un enfoque de derechos humanos en sus programas de gobierno. Este llamado se materializó en el documento "Derechos humanos, debida diligencia y empresas: Gobernanza, responsabilidad y efectividad", que plantea la necesidad de una ley que regule la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos, en línea con estándares internacionales.

El coordinador ejecutivo de la plataforma, Roberto Morales, enfatizó que "el crecimiento y desarrollo económico son necesarios, y también es absolutamente factible avanzar sobre estos con un enfoque de derechos humanos". Este mensaje, aunque compartido en términos generales, ha generado reacciones encontradas entre los candidatos y sectores políticos.

Desde la centroizquierda, varios aspirantes han expresado su disposición a fortalecer marcos legales que aseguren la protección de comunidades vulnerables frente a la actividad empresarial, reconociendo los riesgos que implican prácticas extractivas y de inversión sin regulación clara. Sin embargo, algunos sectores de derecha han planteado reservas, argumentando que una regulación excesiva podría frenar la inversión y la generación de empleo, elementos que consideran prioritarios para la recuperación económica post-pandemia.

En regiones como La Araucanía y el norte grande, donde la actividad minera y forestal conviven con comunidades indígenas y campesinas, el llamado de la plataforma ha encontrado eco y preocupación. Voces locales advierten que la ausencia de mecanismos efectivos de debida diligencia ha perpetuado conflictos y vulneraciones históricas. Una dirigente mapuche consultada señaló que "la integración de derechos humanos no puede ser solo un discurso de campaña, debe traducirse en acciones concretas que respeten nuestros territorios y culturas".

Por otro lado, desde el mundo empresarial, algunas cámaras han manifestado su voluntad de colaborar en la construcción de políticas responsables, aunque insisten en la necesidad de claridad jurídica y estabilidad para no afectar la competitividad.

Después de varios días de análisis y debates, queda claro que la inclusión de los derechos humanos en la agenda electoral no es un tema menor ni pasajero. Es un desafío que pone en tensión la tradicional dicotomía entre desarrollo económico y justicia social, obligando a los actores políticos a confrontar la complejidad de un Chile en transformación.

Las consecuencias de esta discusión van más allá de las urnas. La presión social y la vigilancia de la sociedad civil apuntan a que los futuros gobiernos no solo prometan, sino que implementen mecanismos efectivos que aseguren la protección de las personas frente a las actividades empresariales. En este escenario, la ley de debida diligencia empresarial aparece como una pieza clave para equilibrar intereses y derechos.

En definitiva, este llamado de la plataforma civil ha desatado un debate que invita a la ciudadanía a mirar con distancia y profundidad las propuestas electorales, entendiendo que la protección de los derechos humanos en el ámbito económico no es un lujo, sino una condición para un desarrollo sostenible y legítimo.