Presupuesto 2026: La dieta presidencial y la seguridad en el ojo del huracán presupuestario
Un presupuesto que divide al país. El proyecto de Presupuesto 2026 presentó una partida de 151 millones de pesos destinada a la futura dieta del presidente Gabriel Boric, una vez que deje el cargo en marzo de 2026. Esta inclusión no solo ha encendido la polémica, sino que ha puesto en evidencia las tensiones latentes entre el oficialismo y la oposición respecto a las prioridades del gasto público y la interpretación de la Constitución.
La ministra vocera Camila Vallejo defendió la medida explicando que 'la fijación de las dietas de los expresidentes es un mandato constitucional y que la ley entonces tiene que reflejar'. Desde esta perspectiva, la inclusión de la dieta presidencial no es un capricho, sino una obligación legal que debe aplicarse sin distinciones.
Sin embargo, la oposición no ha tardado en responder con dureza. El diputado Andrés Longton (RN) llegó a plantear la posibilidad de rechazar el proyecto en su totalidad si no se modifica esta partida, tildándola de 'injustificada' y cuestionando la oportunidad política de asignar recursos a este ítem en un contexto de demandas sociales y económicas apremiantes.
Pero la controversia no se limita a la dieta presidencial. El presupuesto también contempla una reducción del 31,7% en el plan contra el crimen organizado y recortes en fondos destinados a las cárceles, mientras que Gendarmería recibe un aumento marginal del 0,8%. Estos ajustes han sido objeto de críticas contundentes desde distintos sectores.
El diputado Cristián Araya (Republicanos), presidente de la Comisión de Seguridad, alertó que 'va en contra del sentido común la decisión de presentar un presupuesto que debilita la lucha contra el crimen organizado', y anunció esfuerzos para construir un consenso que permita reenfocar las prioridades presupuestarias.
En línea similar, Jaime Araya (PPD) calificó de 'incomprensible' la falta de inversión significativa en el control de los centros penitenciarios, donde el crimen organizado tiene un avance preocupante.
Este choque de perspectivas refleja un escenario político fragmentado, donde la defensa de las instituciones y la búsqueda de soluciones efectivas se enfrentan a la disputa por la legitimidad y la representación.
Desde el oficialismo, el diputado Eric Aedo (DC) criticó lo que considera una 'picantería política' al poner en duda la dieta de los expresidentes, advirtiendo que estas disputas pueden 'degradar las instituciones de la República'.
En definitiva, este debate presupuestario expone la tensión entre la aplicación estricta de mandatos constitucionales y las demandas ciudadanas por seguridad y justicia social. Mientras la oposición presiona por un reajuste que priorice la seguridad y otros programas sociales, el oficialismo sostiene la necesidad de cumplir con la ley y mantener la estabilidad institucional.
La verdad que emerge tras semanas de discusiones es que el presupuesto 2026 se ha convertido en un campo de batalla donde se juegan no solo recursos económicos, sino también la confianza en las instituciones y la capacidad de los políticos para responder a las urgencias del país.
Las consecuencias de esta disputa serán visibles en la próxima gestión, con un sistema penitenciario tensionado y una ciudadanía expectante sobre la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado sin descuidar la institucionalidad y los compromisos constitucionales.
La historia de esta controversia queda como una lección sobre cómo las decisiones financieras, lejos de ser meros números, son el reflejo de conflictos políticos profundos y de la constante negociación entre el poder y la sociedad.