Petro suspende colaboración con EE.UU. por ataques a narcolanchas: un pulso que redefine la seguridad regional

El presidente colombiano Gustavo Petro ha dado un paso que, más allá de la diplomacia tradicional, pone en jaque la cooperación en seguridad con Estados Unidos. El 11 de noviembre de 2025, anunció la suspensión de toda colaboración de inteligencia con agencias estadounidenses en respuesta a una serie de ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que según Petro, han terminado en ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos latinoamericanos.

Este quiebre no surge de la nada. Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo una campaña de bombardeos contra narcolanchas sospechosas de traficar drogas, una estrategia que ha dejado al menos 69 muertos, entre ellos varios colombianos. El mandatario colombiano ha denunciado públicamente estos actos, calificándolos como agresiones directas contra su pueblo y cuestionando la legalidad y la ética de estas operaciones.

"Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión", afirmó Petro en sus redes sociales, enfatizando el carácter desproporcionado y selectivo de los ataques. Además, subrayó que estos bombardeos se asemejan a los misiles que caen en Gaza, poniendo en paralelo dos escenarios de violencia que, aunque distantes, comparten la tragedia de la población civil.

Desde la perspectiva estadounidense, la campaña forma parte de una estrategia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, considerados amenazas globales. Sin embargo, la falta de transparencia y la ausencia de coordinación con las autoridades colombianas han generado tensiones y críticas. El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, vinculó algunos ataques a grupos insurgentes como el ELN, justificando la acción militar como parte de la seguridad hemisférica.

El Reino Unido, aliado clave en la región, ya había tomado una postura crítica, suspendiendo el intercambio de inteligencia con Washington para no ser cómplice de lo que considera ataques ilegales, según revelaciones de CNN. Este aislamiento pone en evidencia una fractura creciente en la cooperación internacional sobre seguridad marítima en el Caribe.

Para Colombia, la decisión de Petro implica riesgos significativos. La colaboración con EE.UU. en inteligencia ha sido crucial para enfrentar a múltiples grupos armados y economías ilegales que operan dentro del país. Expertos en seguridad advierten que la suspensión podría debilitar la capacidad de Colombia para controlar el narcotráfico y la violencia, mientras que la Casa de Nariño apuesta por una defensa más soberana y respetuosa de los derechos humanos.

En el plano político, la medida ha encendido debates en América Latina y el Caribe. Algunos gobiernos y sectores sociales respaldan la denuncia de Petro, valorando la defensa de la soberanía y la protección de sus ciudadanos. Otros temen que esta escalada complique la lucha contra el crimen transnacional y genere un vacío de poder que actores ilícitos podrían aprovechar.

Hasta la fecha, Washington no ha emitido una respuesta oficial al anuncio colombiano. No obstante, la tensión ya ha marcado un antes y un después en las relaciones bilaterales y en la dinámica de seguridad regional.

La verdad que emerge de esta compleja trama es ambivalente: mientras la lucha contra el narcotráfico requiere cooperación internacional efectiva, el uso de la fuerza militar sin mecanismos claros de control y respeto a los derechos humanos genera un desgaste político y social profundo. La decisión de Colombia pone en evidencia la necesidad de repensar estrategias que equilibren eficacia, legalidad y legitimidad.

En conclusión, este pulso entre Bogotá y Washington no solo redefine la cooperación en seguridad, sino que también interpela a la comunidad internacional sobre los límites éticos y políticos de la intervención militar en la región. La historia aún se está escribiendo, pero el escenario exige diálogo, transparencia y un compromiso renovado con la justicia y la paz en América Latina.