
El pulso entre Colombia y Estados Unidos ha dejado una marca indeleble en la política latinoamericana, con consecuencias que trascienden lo inmediato. Desde septiembre de 2025, cuando el Departamento de Estado estadounidense revocó la visa al presidente colombiano Gustavo Petro por incitar a la desobediencia militar en una protesta pro Palestina, se desató una crisis diplomática que no ha encontrado solución clara.
La decisión, justificada por Washington como una respuesta a declaraciones consideradas "imprudentes y provocadoras", rompió con las normas internacionales de inmunidad diplomática y puso en jaque la sede de la ONU en Nueva York, según denunció Petro. Para el mandatario, la medida fue un síntoma de un distanciamiento profundo y una política estadounidense que, a su juicio, ha dejado de respetar el derecho internacional.
Pero este fue solo el primer acto de una tragedia que escaló rápidamente. En octubre, la administración Trump impuso sanciones a Petro y a su círculo cercano, incluyendo a la primera dama Verónica Alcocer y al ministro del Interior Armando Benedetti, por supuestos vínculos con el narcotráfico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) los incluyó en la llamada Lista Clinton, bloqueando sus bienes y prohibiendo transacciones con ciudadanos estadounidenses.
Desde Washington se argumentó que bajo el gobierno de Petro la producción de cocaína alcanzó niveles récord, y que su administración otorgaba beneficios a organizaciones narcoterroristas, señalando una alianza con el régimen de Nicolás Maduro y el cartel de los Soles. En contraste, Petro y Benedetti rechazaron categóricamente estas acusaciones, calificándolas de infundadas y parte de una estrategia imperialista para deslegitimar su gobierno.
"Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", afirmó Petro, mientras Benedetti denunciaba que la lucha antidrogas estadounidense era una "farsa armamentística" y que las sanciones respondían más a motivos políticos que a hechos comprobados.
El episodio alcanzó un punto álgido cuando el avión presidencial colombiano fue impedido de reabastecer combustible en Cabo Verde, un hecho que Petro calificó como una "humillación" orquestada por una empresa estadounidense contratada por la Fuerza Aérea Colombiana. La negativa obligó a alterar la ruta oficial del mandatario en una gira diplomática por Medio Oriente, generando un impacto simbólico y práctico en la imagen del país.
Desde la perspectiva regional, la crisis ha generado debates profundos. Sectores políticos conservadores en Colombia y aliados en EE.UU. ven en las sanciones una medida necesaria para frenar el aumento del narcotráfico y la supuesta connivencia del gobierno colombiano con grupos ilícitos. Por otro lado, fuerzas progresistas y movimientos sociales interpretan la situación como un ataque a la soberanía y un intento de castigar políticas independientes y críticas al intervencionismo estadounidense.
En el plano internacional, la disputa ha tensionado la relación bilateral, que históricamente ha sido estratégica en comercio, seguridad y cooperación. Expertos señalan que esta ruptura afecta no solo a Colombia y EE.UU., sino que también pone en riesgo la estabilidad en América Latina, donde la lucha antidrogas y las políticas de seguridad han sido pilares de la agenda conjunta.
La sociedad colombiana, mientras tanto, observa con preocupación y división. Encuestas recientes muestran un aumento en la polarización sobre el gobierno de Petro y su manejo de la crisis, con un sector importante que cuestiona la efectividad de las sanciones y otro que apoya la defensa del mandatario.
En conclusión, la saga entre Petro y Washington revela verdades incómodas y consecuencias duraderas: la fragilidad de las relaciones internacionales cuando los intereses y narrativas se enfrentan sin espacio para el diálogo; la complejidad de abordar el narcotráfico sin caer en simplificaciones; y la importancia de respetar las normas internacionales para evitar que las tensiones políticas se traduzcan en crisis diplomáticas con impacto real sobre los pueblos.
Este episodio invita a la reflexión sobre el equilibrio entre soberanía, justicia y cooperación en un mundo polarizado, donde cada movimiento puede desencadenar una tragedia con múltiples protagonistas y espectadores.
---
Fuentes: La Tercera, Cooperativa.cl, declaraciones oficiales del Departamento de Estado de EE.UU., comunicados del gobierno colombiano, análisis de expertos en relaciones internacionales y seguridad regional.