Condenan a exfuncionarios por malversación en Alto Hospicio: un golpe a la confianza pública

Un drama de corrupción administrativa se cerró en Alto Hospicio con la condena definitiva a dos exfuncionarios municipales, Francisco Lizana Catalán y Rubén Rivera Tudela, responsables de sustraer más de 180 millones de pesos entre 2014 y 2016. El viernes 27 de septiembre de 2025, el tribunal dictó sentencia por malversación de caudales públicos, tras un proceso que puso al descubierto un elaborado esquema de fraude.

El mecanismo utilizado, descrito en detalle por el fiscal Javier Gutiérrez, consistió en la creación de cuentas vistas a nombre de exfuncionarios municipales, con tarjetas asociadas que quedaban bajo control exclusivo de los acusados. 'Creaban estas cuentas, transferían fondos desde las arcas municipales y luego realizaban numerosos giros desde distintos cajeros automáticos', explicó el fiscal. Así, lograron sustraer un total de 183 millones 290 mil pesos, afectando directamente los recursos destinados a la comunidad.

Este caso ha puesto en evidencia no solo la acción criminal de los involucrados, sino también las falencias institucionales en los mecanismos de control y supervisión municipal. Desde distintas perspectivas políticas, la condena ha generado un debate intenso. Sectores de oposición han señalado que este episodio refleja una cultura de impunidad y negligencia que trasciende a los individuos, mientras que representantes del municipio insisten en que se trata de hechos aislados y que se han reforzado las medidas para evitar nuevas irregularidades.

María López, académica en gestión pública de la Universidad de Tarapacá, señala: "Este caso es sintomático de una crisis estructural en la administración local, donde la ausencia de controles efectivos y la falta de transparencia generan un caldo de cultivo para la corrupción".

Por su parte, organizaciones sociales y vecinales de Alto Hospicio han expresado su indignación, resaltando el impacto que la pérdida de recursos tiene en la calidad de vida de la población, especialmente en zonas vulnerables que dependen de la buena gestión municipal para servicios básicos.

Desde el punto de vista legal, la Fiscalía solicitó penas que alcanzan hasta 15 años de presidio, reflejando la gravedad del delito. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha acompañado la querella, reforzando la voluntad estatal de sancionar con rigor estos delitos. La sentencia final, conocida el 11 de octubre, confirmó condenas efectivas para ambos exfuncionarios, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción municipal.

Sin embargo, la resolución judicial no cierra la discusión. La comunidad y los expertos coinciden en que la verdadera batalla será fortalecer las instituciones para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. La transparencia, la participación ciudadana y el control externo aparecen como claves para reconstruir la confianza perdida.

Este caso, más allá de la condena individual, expone la fragilidad de los sistemas de control en municipios que, como Alto Hospicio, enfrentan desafíos sociales y económicos complejos. La tragedia no es solo la malversación en sí, sino el daño colateral a la confianza pública y al derecho de la ciudadanía a una gestión honesta y eficiente.

En definitiva, esta historia nos deja una enseñanza clara: la corrupción no es un fenómeno aislado ni exclusivo de quienes la cometen, sino un síntoma de fallas profundas en la gobernanza local que requieren atención urgente y compromiso colectivo.