
El regreso al centro del debate constitucional
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que busca eliminar el derecho automático a la ciudadanía para los hijos nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal o con visas temporales. Esta medida desafía un entendimiento vigente por más de un siglo, basado en la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía a todo nacido en el país. La administración Trump sostiene que esta interpretación es "errónea" y que ha provocado "consecuencias destructivas" para la seguridad fronteriza, según el documento presentado ante la Corte Suprema el 26 de septiembre de 2025."Esas decisiones otorgan, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas no calificadas", afirma D. John Sauer, procurador general del gobierno.
Un tribunal dividido y un país polarizado
La Corte Suprema, tras fallos previos que se han centrado en aspectos procesales, mantiene en suspenso la política presidencial. Mientras tanto, estados y organizaciones civiles han presentado múltiples demandas para frenar la orden ejecutiva.Desde junio de 2025, la Corte ha permitido que estos bloqueos a nivel nacional continúen, evitando una resolución definitiva.
Desde la perspectiva conservadora, esta política es una herramienta necesaria para fortalecer la seguridad y controlar la inmigración irregular, argumentando que la ciudadanía por nacimiento ha sido explotada para evadir leyes migratorias. En contraste, sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos denuncian la medida como un ataque directo a los derechos fundamentales, que podría generar una nueva generación de apátridas y profundizar la exclusión social.Una activista por los derechos migrantes señaló: "Este intento de redefinir la ciudadanía es un retroceso peligroso que ignora las raíces históricas y sociales de nuestra nación".
Impactos regionales y sociales en el espejo chileno
Aunque la disputa ocurre en Estados Unidos, sus ecos se sienten en América Latina, incluyendo Chile, donde comunidades migrantes observan con preocupación las posibles consecuencias. Expertos en migración señalan que un cambio en la política estadounidense podría incrementar la vulnerabilidad de familias enteras, afectando la integración social y la estabilidad económica de miles de personas.El sociólogo chileno Juan Pérez comenta: "La redefinición de la ciudadanía en EE.UU. podría alimentar discursos xenófobos y afectar la percepción sobre la migración en nuestra región".
Verdades y consecuencias que emergen del conflicto
Tras meses de litigios y debates, queda claro que la discusión sobre la ciudadanía por nacimiento no es solo jurídica, sino profundamente política y social. La Corte Suprema enfrenta la tarea de equilibrar principios constitucionales con realidades migratorias cambiantes y tensiones sociales crecientes.
El desenlace de este caso definirá no solo quién puede ser ciudadano, sino también qué valores prevalecen en la sociedad estadounidense: inclusión o exclusión, continuidad histórica o ruptura. Para Chile y América Latina, el resultado será un espejo que reflejará desafíos compartidos en materia de derechos, identidad y convivencia en un mundo globalizado.
Este episodio invita a mirar más allá del instante y a comprender que las decisiones legales, lejos de ser neutras, moldean el tejido social y la memoria colectiva. La ciudadanía, en definitiva, sigue siendo un campo de batalla donde se juega la definición misma de nación y pertenencia.